La Defensoría enfatizó que si los policías municipales incorporan a su actuar la visión de respeto a los derechos humanos, esta perspectiva les dará un papel activo como gestores de la cohesión social desde su posición privilegiada, y para ello deben fortalecerse en el enfoque de protección de tales derechos al ser representantes de la ley en sus respectivas comunidades.
La institución autónoma explicó que el diagnóstico evidenció la necesidad de generar un mecanismo para que las comunidades conozcan de qué manera debe conducirse la policía, así como propiciar que las relaciones con la autoridad mejoren, pues esto es urgente para garantizar la seguridad común.
Además –puntualizó el organismo defensor–, la promoción de la cultura de respeto a los derechos humanos entre la población y los policías municipales permitirá que las comunidades aprendan a solucionar eventuales conflictos sin acciones violentas, con lo que se podría erradicar la cultura de la violencia para generar relaciones comunitarias igualitarias y respetuosas.
El diagnóstico realizado a los elementos de las policías municipales de los 10 municipios istmeños participantes en el proyecto, permitió vislumbrar la situación de las corporaciones policíacas de cada municipio y sus necesidades en cuanto a capacitación en materia de derechos humanos, así como también evidenció que los propios policías padecen el no respeto de sus derechos humanos.
La Defensoría señaló que las carencias de formación en derechos humanos de las y los agentes del orden son evidentes; sin embargo, resaltó el interés y la disposición de estos servidores públicos para capacitarse, así como para profundizar en el tema, pues dichos agentes de la ley consideran que les beneficiará en el desempeño de su labor y en el reconocimiento de la comunidad hacia el trabajo que realizan.
El organismo defensor explicó que es fundamental el papel de las policías municipales en las tareas de seguridad pública, pero también lo es su trabajo de prevención, pues la cercanía con la ciudadanía puede convertir a estas corporaciones en promotoras de los derechos humanos y la cultura de paz en sus comunidades, al ser un factor decisivo para promover la resolución no violenta de los conflictos comunitarios.







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