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Lunes 27 de abril, 2026.
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En América sólo Bolivia cuenta con una Ley contra el acoso político y la violencia (aprobada en 2012) mientras que en México existen al menos tres iniciativas para incorporar el término de violencia política de género en las leyes electorales, las cuales fueron presentadas desde 2014 en el Senado y continúan pendientes de discutirse.
Ante la falta de una normatividad sobre violencia política, el 14 de marzo de 2016, ocho instancias del Estado mexicano firmaron el Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, que señala que esta violencia se basa en elementos de género y tiene por objeto “menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
PARIDAD
En paralelo a estos esfuerzos, en noviembre pasado el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) elaboró y aprobó la Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria, que congrega a los parlamentos de la región y que servirá de modelo para que los países miembros promuevan reformas legislativas en materia de paridad.
La Norma Marco indica que la paridad es una medida democratizadora en los poderes públicos pero también establece que debería implementarse en el sector privado, en la academia y en la sociedad civil por lo que propone tres ejes de acción: un Estado que asuma su responsabilidad con la igualdad de género; la paridad debe estar en todos los poderes y estructuras del Estado; y que los partidos y organizaciones políticas transformen sus relaciones y dinámicas de poder.
A propósito de estas propuestas de leyes y del 63 aniversario del reconocimiento del voto de las mujeres, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y ONU Mujeres suscribieron el “Llamado a la Acción para la Democracia Paritaria en México”.
Este Llamado, firmado ayer, tiene como objetivo impulsar la plena participación política de las mujeres en la toma de decisiones y en los mecanismos de representación, a través de la adopción de reformas legislativas, institucionales y de políticas públicas que consoliden la democracia paritaria y la igualdad sustantiva en México; así como tipificar la violencia política contra las mujeres.Te podría interesar...
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