Carolina QUEZADA
Oaxaca.- EL portal informativo, Aristegui Notiocia, publicó este lunes una investigación especial bajo la firma de los periodistas Diego Osorno e Erwin Huerta, en la que revelan la cadena de complidades entre el actual subsecretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, y el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, para lavar 33 millones de pesos a traves de negocios en el sector salud, energético e inmobiliario.
Ambos amigos y socios, señala la investigación conformaron "una
red de negocios, para la que usó nombres de pobladores humildes como
falsos compradores de casas, con el fin de introducir en el sistema bancario al menos
33 millones de pesos en efectivo, de acuerdo con documentos y testimonios recogidos durante una investigación de
Aristegui Noticias".
Aqui parte de la investigación realizada:
"En 2008, dos años antes de que Ulises Ruiz dejara el gobierno, donde Pérez Magaña fungía como secretario de Obras Públicas, el sobrino del entonces gobernador,
Álvaro Ortiz Alvarado; la esposa de Pérez Magaña, Gabriela López; así como socios de esos funcionarios públicos en otras empresas, y una familia poderosa de Oaxaca, los Bravo Bravo, formaron
Grupo Inmobiliario del Papaloapan (GIPSA), compañía constructora del fraccionamiento “
Los Álamos”, en la ciudad de
Tuxtepec, Oaxaca, en los límites con el estado de Veracruz.
Un día después de que la compañía fue constituida,
Gabriela López, esposa del actual subsecretario encargado del combate a la pobreza en el país, pidió “no aparecer ya como integrante de la sociedad”, sin precisar si retiraría el capital aportado, según los libros notariales consultados.
Para llevar a cabo el proyecto inmobiliario denominado Los Álamos, la compañía adquirió en
22 millones de pesos un terreno propiedad de Sóstenes Bravo.
“El dinero fue entregado en efectivo, luego de ser trasladado de Oaxaca a la Ciudad de México, vía el aeropuerto de Toluca por el propio Pérez Magaña y Hugo Ruiz Ortiz, hermano de Ulises. Bravo lo recibió en sus oficinas de la colonia San Jerónimo”, dijo el sacerdote Alejandro Solalinde, presidente de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, citando a una fuente que atestiguó la operación y que después habló para
Aristegui Noticias.
De acuerdo con las leyes fiscales, una compra de esta naturaleza debió haberse hecho a través de un cheque o una transferencia bancaria, sin embargo, la entrega en efectivo de esta cantidad de dinero permitió a Ruiz Ortiz y Pérez Magaña,
evitar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público registrara la operación y cuestionara el origen del dinero utilizado para la transacción. De acuerdo con fiscalistas consultados, bastaría una revisión fiscal del Sistema de Administración Tributaria a esta transacción, para corroborar el inexplicable origen de los recursos con los que GIPSA adquirió el terreno para el fraccionamiento Los Álamos.
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