Por otra parte, al resolver el juicio ciudadano 969, la Sala Regional Xalapa confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca (TEEPJO) que sobreseyó el juicio presentado por José Rogelio García Martínez a fin de controvertir los acuerdos de 24 de septiembre de 2015, tomados por los integrantes del ayuntamiento de Santa Lucia del Camino, por medio de los cuales se revocó su asignación como síndico procurador y se le reasignó como regidor de gobernación y reglamentos.

Los magistrados federales determinaron correcta la decisión del Tribunal Electoral local, debido a que, al tratarse de actos relativos a la organización de los ayuntamientos, estos no constituían un obstáculo para el ejercicio del cargo en comento, ni formaban parte de la materia electoral, de ahí que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano no fuese el medio idóneo para controvertir dichos acuerdos.  

En la misma sesión pública, al resolver el juicio electoral 34, los magistrados confirmaron la sentencia del TEEPJO relativa al apercibimiento decretado a Andrés Odilón Sánchez Gómez, presidente municipal de San Antonino Castillo Velasco, y la multa equivalente a cien días de salario mínimo, dado que se encontraba plenamente acreditada la conducta omisiva por parte del presidente municipal de dar cumplimiento a las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral local con fecha de 17 de julio y 24 de septiembre, ambas de 2015.

Asimismo, indicaron que la multa impuesta por la responsable corresponde a la mínima de conformidad a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el estado de Oaxaca. De ahí que el hecho de que la autoridad responsable no haya considerado el factor socioeconómico a la hora de imponer la multa, no se traduciría en una afectación, ya que no podría imponérsele una sanción menor a ésta.

En la sesión pública de resolución de este viernes se analizaron y resolvieron cinco juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un juicio electoral.