Pide el CCE castigo a funcionarios corruptos

Oaxaca- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió a los gobernadores electos que aclaren y castiguen a los servidores públicos corruptos de las administraciones salientes. Los empresarios aseguran que no puede consentirse que ningún funcionario, del nivel que sea, esquive responsabilidades mediante simulaciones con las que se busque protegerlo y continuar con la impunidad en México. “Los gobernadores electos tienen la responsabilidad de aclarar y, en su caso, sancionar, las acusaciones que existan contra las administraciones salientes. Esa es una exigencia ciudadana y debemos de proceder como Estado mexicano”, afirmó Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del CCE, en su comentario semanal. El Consejo Coordinador Empresarial agregó que tanto “el desarrollo económico, político y social de una nación dependen de la capacidad del Estado y de la sociedad para generar condiciones de certeza de generar, por una parte, incentivos y condiciones de certeza para el cumplimiento de los acuerdos, y por otra parte, consecuencias para aquellos que violenten los derechos de los demás o incumplan sus obligaciones”. Aseguró que vale la pena tener en cuenta las conclusiones de estudios que indican ¿por qué fracasan las naciones? Y dijo que lo hacen cuando “tienen instituciones económicas extractivas, basadas en instituciones políticas extractivas que impiden o incluso bloquean el crecimiento económico”. Dijo que están unidos y comprometidos a acompañar al país en este “largo camino que debemos recorrer juntos”. Además, mencionó que está por concluirse la fase de procesamiento legislativo para construir el Sistema Nacional Anticorrupción y se dará paso a un nuevo capítulo, de implementación y exigencia de cumplimiento, para que éste pueda consolidarse y rendir los resultados que esperamos los mexicanos. “Esta es la ‘prueba de fuego’ de la Reforma Anticorrupción que se ha aprobado”, dijo Castañón y añadió que aunque como toda como toda reforma, es siempre perfectible, se ha logrado un paso en el sentido correcto. “Necesitamos un Estado y una sociedad decididos a que efectivamente impere la ley, sin pretextos ni discrecionalidad. Esto significa que no puede justificarse ni permitirse el que se violenten los derechos de terceros, como arma de negociación política o con cualquier otro fin -legítimo o no- como hoy ocurre en relación con el conflicto magisterial en el sur del país”, indicó el líder empresarial.     Con información de Sin Embargo.