El quejoso F. C. M. señaló que la causa que motivó las agresiones hasta ocasionar la expulsión de él y su familia fue una denuncia que hizo su madre –ante representantes de la Coordinación de Desarrollo Social– respecto a que las vocales locales de la tienda Liconsa pedían a las beneficiarias una cooperación de 10 pesos.
El quejoso refirió que al ser expulsado de su casa, sus bienes, animales y parcelas quedaron en manos de los representantes de la agencia de policía de Santiago Progreso, y que aprovechándose de esta circunstancia, vecinos de la agencia de policía han vendido algunos de sus animales, han marcado otros para quedárselos, además de cosechar y consumir sus cultivos.
El agraviado recurrió a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría General de Gobierno (Segego) del estado para que intervinieran, y a raíz de sus solicitudes, en noviembre de 2014, se realizó una reunión con las autoridades estatales y las municipales en la que se acordó que F. C. M. y su familia podrían regresar a la comunidad, después de que pagaran una multa de cien mil pesos en un plazo no mayor a tres días.
Sin embargo, pese a que pagaron la multa, el acuerdo de retorno a la comunidad no se cumplió y las autoridades estatales no dieron mayor seguimiento al caso, por lo que el agraviado F. C. M. recurrió a la Defensoría del Pueblo de Oaxaca para que sus derechos les sean restituidos.
Ante ello, la Defensoría inició el expediente de queja DDHPO/64/RCP/(26)/OAX/2015 para indagar las posibles violaciones a los derechos humanos del quejoso, además de emitir medidas cautelares con el fin de proteger los derechos a la circulación y residencia, al debido proceso y a la seguridad jurídica del agraviado y su familia.
Además, el organismo defensor solicitó la colaboración de la Segego para que implemente las acciones necesarias para lograr el retorno del señor F. C. M. y su familia a la comunidad de Santiago Progreso en un ambiente digno y seguro. La Defensoría también pidió la colaboración de la Fiscalía General de Justicia para que rinda un informe detallado sobre el avance de la investigación relativa a estos hechos.
Asimismo, el organismo defensor pidió al ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional que informe al organismo sobre las acciones que motivaron la queja.
Sin embargo, pese a la respuesta de la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía el conflicto persiste, pues la Defensoría del Pueblo de Oaxaca informó que los representantes de la agencia de policía de Santiago Progreso no se han presentado a las últimas reuniones programadas, lo que ha provocado que se complique la resolución del conflicto.Te podría interesar...








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