Obligan a PGJDF indagar nuevas pruebas en caso Narvarte

Oaxaca.-Las familias de Nadia Vera Pérez, Alejandra Negrete Avilés, Yessenia Quiroz Alfaro y Mile Virginia Martín, así como del reportero gráfico Rubén Espinosa Becerril –víctimas de un multihomicidio el 31 de julio de 2015 en esta capital–, ganaron un amparo para que se revisen nuevas pruebas del crimen. Este lunes 18 de abril, el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal concedió un amparo a las familias, que obliga a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) a revisar nuevas  pruebas, diligencias y líneas de investigación para esclarecer el caso. En conferencia de prensa, los abogados de las familias de las víctimas informaron que con el amparo se impugna el acuerdo de la PGJDF del 28 de septiembre de 2015, con el que rechazó valorar las pruebas que ofreció la coadyuvancia en el caso. Al ganar el amparo, la autoridad capitalina está obligada a analizar nuevas pruebas y con ello garantizar el derecho a la verdad, a fin de que las familias conozcan qué sucedió ese día en el departamento de la céntrica colonia Narvarte. Actualmente hay tres personas consignadas por los hechos, pero se desconoce aún el móvil y si alguien ordenó el homicidio múltiple, aunque la Procuraduría capitalina ha sostenido que se trató de un robo cometido por un malabarista, un pulidor y un acomodador de automóviles. En su momento, redes de activistas destacaron que tanto el fotoperiodista Rubén Espinosa, como la defensora de Derechos Humanos (DH) Nadia Vera, quien también pertenecía al movimiento #YoSoy132, compartían espacios de denuncia y habían documentado casos de corrupción y violaciones a DH en el estado de Veracruz. Ambos, en fechas distintas, se habían desplazado a esta capital debido a la persecución, amenazas, agresiones y hostigamiento que sufrieron en Xalapa, capital de la entidad. Sobre la resolución, Héctor Pérez, integrante de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), explicó que con el amparo la autoridad judicial está obligada a realizar diligencias solicitadas por los representantes de las víctimas; argumentar si las realizará o no, e informar puntualmente a las familias cómo se desarrolla el proceso. A su vez, Karla Micheel Salas, integrante del Grupo de Acción para los Derechos Humanos y la Justicia Social, destacó que la PGJDF ha sostenido que la investigación sigue abierta, pero no ha aclarado qué está investigando, ni por qué se cometió este múltiple asesinato con huellas de tortura y extrema violencia. También dijo que mantener abierta la indagación obedece a un compromiso político y no jurídico, porque en este tiempo no se realizó ninguna diligencia, por lo que señaló que para los abogados coadyuvantes y las familias no es suficiente que haya tres personas procesadas por el crimen, porque si bien podrían ser sentenciadas eventualmente también podrían quedar libres por anomalías en el proceso.     A decir de la abogada, durante estos meses las organizaciones coadyuvantes han litigado contra la Procuraduría, a la que incluso le resultó “incómodo” mantener reuniones con las familias de las cinco víctimas, por lo que en septiembre de 2015, de manera unilateral, decidió suspender las reuniones periódicas que mantenía para informar el estado y los avances de la indagatoria. Luis Eduardo Knapp, abogado de Artículo 19 –organización defensora de la libertad de expresión–, destacó que a casi nueve meses del crimen no se han agotado líneas de investigación y faltan diligencias por realizar, por lo que el amparo es trascendente pues reconoce que la PGJDF no ha garantizado el derecho de las víctimas a la justicia y a la verdad. Entre las pruebas, diligencias y líneas de investigación que se deberán admitir, razonar, fundamentar, desahogar o en su caso desechar, destaca que se determinen los posibles móviles; ampliar peritajes en video y fotografía de las cámaras de seguridad; mejorar dictámenes de genética forense, y determinar las características físicas de la persona que dejó la huella de una pisada de sangre. Las organizaciones litigantes también pidieron que se amplíen las declaraciones de Arturo Bermúdez, secretario de Seguridad Pública de Veracruz, y de Sergio López Esquer, ex titular de la misma dependencia. Y es que Nadia y Rubén salieron de esa entidad por amenazas de funcionarios locales y se exiliaron en esta ciudad, donde fueron asesinados. Incluso en su momento también fue interrogado el gobernador veracruzano, Javier Duarte, por su presunta implicación en los hechos. El objetivo de las organizaciones coadyuvantes, dijeron, es que la autoridad agote todas las líneas de investigación, incluyendo la de libertad de expresión y delincuencia organizada, y determine si hubo otras personas involucradas como autores materiales o intelectuales.