Refirió que está a debate público la propuesta de la Ley 3 de 3, que incluye la realización de intervenciones telefónicas a funcionarios por sospechas de corrupción; y recordó el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para solicitar información de usuarios a las empresas de comunicación sin previa autorización judicial.
Se destaca que la PGR no realizó las gestiones necesarias para localizar la expresión documental que dé respuesta a la solicitud de información, es decir las solicitudes de autorización de intervención.
Por lo anterior, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la PGR y le instruyó a entregar al particular versión pública de todas y cada una de las solicitudes de autorización para intervenir comunicaciones privadas, presentadas por las unidades administrativas con facultades para hacerlo ante el Juez Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones en turno, durante el periodo del 1 de enero de 2009 al 6 de enero de 2016.
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