La demanda fue presentada por Sonia Cuevas Kantún, exdirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y exalcaldesa del municipio de Calkini, quien acusó al diario de difamación por la publicación de notas en las que "familiares de una víctima la involucraron como cómplice de un crimen".
Paolillo recordó que los "funcionarios y personas públicas están expuestos a un mayor escrutinio de la prensa y los ciudadanos, sobre todo cuanto se trata de asuntos de interés público", y cuestionó que el juez no considerase que esa misma información fue publicada en otros 30 medios.
De igual forma, mencionó también al editor Pedro Enrique Cortés y el camarógrafo Fernando Albarrán, colaboradores de TV Azteca, quienes fueron liberados tras permanecer retenidos durante varias horas el pasado martes.
Ambos fueron retenidos en la ciudad de Nochixtlán, en Oaxaca, por pobladores que exigieron al canal 15 minutos de su principal noticiero nocturno para exponer "lo que realmente pasa" en esa zona del país sobre el "conflicto magisterial" que derivó el domingo en 19 episodios de violencia.
"Este acto demuestra que los periodistas no tienen garantías y el Estado no es capaz de darlas. Insistimos en que urge que se apliquen los mecanismos de protección que únicamente parecen estar en los papeles", apuntó.
Esta semana también fueron asesinados dos periodistas: Zamira Esther Bautista, periodista independiente y maestra en Tamaulipas, y Elpidio Ramos Zárate, reportero de El Sur, Diario Independiente del Istmo, en Oaxaca.
A estos dos asesinatos se suman en lo que va de año los de Manuel Torres (14 de mayo), Francisco Pacheco Beltrán (25 de abril), Moisés Dagdug Lutzow (20 de febrero), Anabel Flores Salazar (8 de febrero), Reinel Martínez Cerqueda (22 de enero) y Marcos Hernández Bautista (21 de enero).







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