Nuevos escenarios del movimiento armado en México

Samuel Hernandez Ruiz Oaxaca.-La Comisión de Mediación (COMED), constituida como instancia de la sociedad civil, a petición en de PDPR-EPR el  28 de abril de 2008, que tenía como objetivos lograr “…  la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, procurando el esclarecimiento de los hechos de su desaparición, dar con el paradero de Edmundo y Gabriel y, en su caso, llevar a juicio a los responsables materiales e intelectuales de su desaparición forzada, crimen de Estado considerado de lesa humanidad.”, declaró el término definitivo de sus funciones el 1° de octubre de 2012. Declara la COMED: “En el inicio de nuestra labor de mediación propusimos, y el EPR aceptó, una tregua en sus acciones armadas, que valoramos como un gesto muy significativo. Sin embargo, no hubo de parte del Gobierno Federal una medida proporcional y equivalente; por el contrario, se ha reforzado a lo largo de estos años el carácter contrainsurgente de las fuerzas armadas, particularmente cuando se trata de organizaciones político-militares.” (http://www.cedema.org/ver.php?id=5206) “Por ello, considerando que ante la nueva etapa política del país las partes han de rehacer los términos y mecanismos dialogantes de este proceso, informamos que con esta fecha terminan las actividades de la Comisión de Mediación (COMED) entre el Partido Democrático Popular Revolucionario – Ejército Popular Revolucionario y el Gobierno Federal.” Para efectos prácticos, la desaparición de la COMED, implica el cese de la tregua convenida por el PDPR-EPR. Algunos otros  indicios podrían dar cuenta de una eventual reactivación de los grupos armados en México.Por ejemplo,  los esfuerzos por coordinar las acciones guerrilleras iniciados por el grupo autodenominado  “Coordinación Revolucionaria Libertad” y la más reciente exigencia (28 de agosto 2012) de la llamada “Red de células comunistas”: “Sin embargo, sin temor a equivocarnos, desde nuestra sigilosa y amplia trinchera de lucha, consideramos que existen las condiciones suficientes para emprender un estallido social protagonizado por las organizaciones armadas del país.”  ( http://www.cedema.org/ver.php?id=5147. Consultado el 9 de octubre 2012) Este grupo, prácticamente sugiere al EPR  asumir el liderazgo del eventual “estallido social”. Por su parte, el EPR ve con suma desconfianza el reciente triunfo del PRI que lo lleva a la presidencia de la república. En la apreciación del grupo armado, el gobierno de Enrique Peña Nieto inaugura la institucionalización de lo que llama la “Junta de Administración” del capital monopolista nacional e internacional ( El Insurgente No. 142. http://www.cedema.org/ver.php?id=5146. Consultado el 9 de octubre 2012.) Una de las consecuencias de este nuevo sistema de dominación, según esa organización, sería el incremento de la represión contra el movimiento social; pero sobre todo contra los grupos armados revolucionarios. De aquí se derivan dos políticas : la autodefensa de las masas y la justicia revolucionaria en un marco de unidad que sustente la lucha anti capitalista. Queda  claro lo que implican ambas líneas: una contra ofensiva del PDPR-EPR cuyo blanco principal es el Estado mexicano. El caso particular de la “justicia revolucionaria”, evoca  los peores tiempos de la vieja “Unión del Pueblo”. El temor del EPR por el incremento de la represión del Estado, no sólo encuentra razones en el fracaso de la Comisión de Mediación, sino en la llamada guerra contra el narco que ellos perciben como una estrategia contra insurgente del Estado dirigida al movimiento social, pero sobre todo focalizada en su organización. Podrían encontrar razones adicionales  de alarma si interpretan el anuncio de Felipe Calderón, ya casi al final de su administración, del descubrimiento de nuevos yacimientos petrolíferos ( pozos Trión-1 y Supremo ), con una muy importante y conveniente  reserva probada, como la luz verde para que la administración de Enrique Peña Nieto inicie las inversiones y construya los ductos  que vayan de Tamaulipas a Campeche, con el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos (Ver: Andrés Barreda. La exploración petrolera en las aguas profundas del Golfo de México.http://fte-energia.org/E85/10.html). Desde una posición ideológica como la del PDPR-EPR y otros grupos armados, lo anterior implicaría el peligro no sólo de una pérdida de soberanía por la eventual intromisión de intereses norteamericanos en esa zona, sino también por la posible acción contra los cárteles de la droga que operan en esa región y  por tanto el recrudecimiento de la ofensiva contra insurgente. El supuesto de que el PDPR-EPR se prepara para una  contra ofensiva se fortalece con  el comunicado publicado por esa organización el 8 de septiembre de 2012, que es claramente un llamado a iniciar la coordinación de todas las fuerzas progresistas bajo un programa  claro y conciso. (http://www.cedema.org/ver.php?id=5166. Consultado el 9 de octubre de 2012). Al respecto, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no ha emitido ninguna declaración. Todo parece indicar que se configura un escenario de reactivación de la lucha armada en México; pero ni el equipo de transición de Enrique Peña Nieto, ni el mismo presidente electo, han dado muestras de querer mantener al EPR en el marco del diálogo y la negociación. Por su parte, en Oaxaca, el gobierno de la alternancia no voltea a ver a los presos de Loxicha acusados de pertenecer al EPR, mismos que ya llevan 15 años detenidos sin que se conozca aún su sentencia, ni parece preocuparse por cumplir con los compromisos asumidos con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el caso de los militantes desaparecidos  del EPR. Malos indicios.