Según Miranda, se les dejó en libertad porque se consideró que la Policía no puede rescatar a la víctima antes de presentar al secuestrador ante el Ministerio Público y el Juez de Control.
"Cabe señalar que tres de los secuestradores fueron detenidos en flagrancia al cobrar el rescate después de habérseles leído sus derechos y sin que mediara tortura, intimidación o coacción", explicó.
"Señalaron dónde se encontraban la niña y su madre. Gracias a esta declaración, la Policía pudo rescatar a las víctimas y detener a otros dos miembros de la banda que se encargaban de alimentarlas y vigilarlas".
Es indignante, consideró Miranda, que si la Policía contaba con esa información, los jueces les impidan ir a rescatar a las víctimas de manera inmediata, poniendo en riesgo su vida.
Miranda dijo que el Tribunal ponderó el formalismo y el debido proceso únicamente para los secuestradores, lo que a su consideración "atropella" los derechos de la madre y su hija.
"Esto habla del desconocimiento que tienen en materia de secuestro, ya que si el cobrador del rescate no regresa en determinado tiempo, los secuestradores matan a la víctima.
"Es decir, el Poder Judicial manda el mensaje de arriesgar la vida de la víctima si es necesario, para cumplir con las formalidades y tecnicismos del procedimiento", condenó.
En el pronunciamiento, sostuvo que es la tercera ocasión que jueces de Michoacán anteponen a la vida y a la libertad de personas secuestradas, falsos derechos de los secuestradores que no existen ni en la Constitución ni en la Ley.
"Por ello, hacemos un llamado al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán para que el Poder Judicial abandone estos criterios hipergarantistas a favor del imputado y obligue a sus jueces a respetar los derechos de las víctimas del delito",
añadió.
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