Quien desde el 2008 es integrante del Grupo Jurídico Iberoamericano para la instrumentación de la Carta Cultural Iberoamericana, explicó que lo anterior implica que se deben establecer políticas públicas nacionales, estatales como municipales, lo que implica otorgar facultades a las secretarías de las culturas de los estados y el trabajo de los congresos para atender la necesidad de los municipios en esta materia.
Define la nueva ruta de la visión cultural: “Ya no es como venía siendo en el siglo XX, donde privilegiábamos las expresiones artísticas y los patrimonios culturales que permitían adscribirnos a un modelo de desarrollo, por eso nos llenábamos la boca al decir: somos el primer país en América Latina en sitios patrimonios de la humanidad, lo que reflejaba que estábamos participando en ese sistema. Hoy el paradigma es distinto”.
Toca el punto neurálgico para entender el nuevo diseño de las políticas culturales: “Hoy, lejos de hablar de las bibliotecas, de los museos, de la cinematografía, de la producción artística, vamos a hablar de las personas y cómo garantizarles su derecho a expresarse, a participar, a acceder y a crear aquellos valores culturales y de identidad que aportan creatividad a la especie humana; lo cual es un cambio paradigmático fundamental”.
Y convocó: “Tenemos que hacer válida frente a las instituciones federales, estatales y municipales la garantía del ejercicio de esos derechos culturales, como una garantía de las personas con la única finalidad de poder ser humanos y tener las condiciones del reconocimiento del patrimonio, de expresión, de participación identitarias y que son indispensables para ser humanos dentro de una comunidad”.
Dentro de la trascendencia de la actual ley, dijo, es que “reconoce que la facultad de la promoción de la salvaguarda del patrimonio cultural y material es de los Estados y de los Municipios, lo cual es fundamental porque el pleno ejercicio de los derechos humanos culturales, está directamente vinculado al patrimonio” reconocido por los individuos y grupos como suyo.
Ello consideró en contrapunto de lo que la UNESCO calificó como monumental, sino aquellas tradiciones, costumbres y expresiones que reconocemos como parte integrante de nuestra identidad.
Hizo referencia que esa ley mandata la creación y operación del Sistema de Información cultural “que parece que es una estadística burocrática y se dice que somos lo que medimos, tan es así que el número de asistentes y dinero gastado ha sido la medida para el desarrollo cultural , por ello ese sistema de información es vital para conocer el impacto cultural”.
Por último, destacó el establecimiento de la Reunión Nacional de Cultura que da la oportunidad a estados y municipios de participar en su ámbito de participar en la construcción de la política cultural nacional, no definir la correspondiente a la Federación, ni de ésta a los estados, sino que todos podamos definir los alcances de esas políticas y los presupuestos destinados a la implementación de esas políticas”.
El doctor Villaseñor, ha sido consultor en Uruguay, Argentina, Brasil, España, Panamá y Ecuador, para la revisión y actualización del marco legal de la cultura, y el diseño de políticas culturales. Fue responsable de realizar la investigación y recopilación de las disposiciones que conforman el marco legal de la cultura, de México, Panamá, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras, destinadas a conformar el Portal Iberoamericano de Derecho Cultural.
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