Destacó que a pesar de que el catálogo de los derechos se ha ampliado y los mecanismos para hacerlos valer se han fortalecido, los riesgos y agresiones contra la dignidad humana también han adquirido nuevas formas.
En este contexto, urgió a impulsar prácticas preventivas de las situaciones de riesgo que enfrentan los defensores públicos y civiles de derechos humanos, así como otras que eviten la criminalización en su contra, para que realicen de manera libre y sin riesgo su labor y las víctimas que representan accedan a la justicia a que tienen derecho.
Refirió que la labor de las personas defensoras de derechos humanos es insustituible, y la sociedad resulta afectada cuando son agredidas. De ahí la urgencia de atender el problema de ese grupo vulnerable que requiere especial protección.







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