Exigen a EPN inclusiòn en en programas a comunidades agrarias e indìgena

Oaxaca .- Por medio de una carta, la organización civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) hizo un llamado al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que el desarrollo en el país se dé con los más altos estándares internacionales en cuanto al respeto y cumplimiento de los derechos humanos y así evitar incurrir en abusos hacia comunidades agrarias e indígenas. Lo anterior luego de que la organización tuvo conocimiento que, a nombre de varias empresas mineras, la Cámara de Comercio de Canadá en México y la propia ministra de Comercio de aquel país, Chrystia Freeland, han solicitado a Enrique Peña Nieto que su gobierno garantice certidumbre para las inversiones de empresas canadienses. En la misiva firmada por Alejandra Ancheita, Directora Ejecutiva de ProDESC, se señala que tanto en Chihuahua como en Durango hay incertidumbre, pero en contra de las y los ejidatarios poseedores de la tierra donde se encuentran trabajando varias empresas mineras canadienses, por lo que la organización civil pide al Jefe del Ejecutivo no permitir que su gobierno, por otorgar supuesta certeza jurídica a las empresas, vulnere los derechos de las y los ejidatarios. Al Mandatario se le dio a conocer que, en el caso del Ejido de La Sierrita de Galeana, Durango, se encuentran importantes yacimientos de plata, plomo y zinc, recursos que han sido explotados a lo largo de los últimos 12 años en la mina La Platosa, perteneciente a Excellon de México S.A de C.V. En esta zona se han registrado serias violaciones a los derechos humanos y patrimoniales de las y los ejidatarios. Excellon de México inició operaciones en el Ejido utilizando 27 hectáreas por 30 años y haciendo un pago único por 1 millón 200 mil pesos. Después de varias inconsistencias y violaciones por parte de la empresa a ese primer contrato, las ejidatarias y los ejidatarios buscaron de manera pacífica dialogar con la empresa por lo que se llegó a un acuerdo en 2008. En 2008, ambas partes firmaron un Contrato de Ocupación Temporal por la renta de mil 100 hectáreas por un monto de 5 millones 500 mil pesos anuales que aumentarían año con año de acuerdo con la inflación. En ese contrato se establecieron cláusulas económicas, sociales y medioambientales que en su mayoría fueron incumplidas por la empresa. Fue así que en septiembre de 2012 las y los ejidatarios de La Sierrita presentaron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto con sede en Torreón, Coahuila, por rescisión del contrato con la minera, y que después de cuatro años resolvió privilegiando el beneficio de las empresas trasnacionales por encima de la defensa a los derechos de las y los mexicanos. El Tribunal estableció el término de la relación contractual entre ejidatarias y ejidatarios de La Sierrita y Excellon de México, por lo que la empresa tendría que hacer entrega inmediata de las mil 100 hectáreas de tierras pertenecientes al Ejido, así como el pago de una claúsula penal establecida en el contrato por la cantidad de $5,500,000.00 pesos a favor del Ejido. Asimismo, este Tribunal estableció que el Ejido debía pagar a la empresa la cantidad de $5,612,038.00 pesos, manteniendo un embargo sobre las tierras hasta que se realice el pago. El embargo significa una clara violación al artículo 27 de la Constitución. Este artículo reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales, así como la protección de su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano, como para actividades productivas. En la carta entregada al Mandatario se le informa que ante esta lamentable situación y con la finalidad de que se garantice el derecho de acceso a la justicia, ejidatarios y ejidatarias de La Sierrita de Galeana interpusieron un amparo, ya que dependen de sus tierras; sin embargo, el Tribunal está condicionado la entrega de éstas a un pago injusto. Además, la organización civil le expresa al Presidente que, como lo han manifestado, hay ejidatarias y ejidatarios que están a favor del desarrollo y la generación de empleos en distintas zonas, como muestra la firma de los contratos con diversas empresas. Sin embargo, estas relaciones deben darse sin violar los derechos de las y los propietarios de la tierra