En los últimos seis meses hemos sido objeto de una serie de difamaciones, agresiones y criminalización de nuestro trabajo, principalmente por autoridades federales, municipales y la empresa minera Fortuna Silver Mines.
Derivado de nuestras investigaciones, hemos compartido con las comunidades información en reuniones y foros públicos motivo por el cual hemos recibido comentarios dolosos, tratando de descalificarnos. Entre las agresiones destacan difamaciones por parte de personal de la CONAGUA y el representante de la empresa minera Fortuna Silver Mines, el Ing. Javier Castañeda Pedraza, quienes argumentaron que EDUCA “realiza reuniones en lo oscuro” (29 de noviembre de 2016, Magdalena Ocotlán). En una reunión anterior, representantes de la CONAGUA y de la Secretaría de Gobierno (SEGOB) argumentaron que EDUCA “mal informa a las comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca” (23 de noviembre de 2016).
El hecho más preocupante, sucedió desde inicios de mayo del año en curso, cuando las autoridades municipales de San José del Progreso iniciaron una campaña de difamación, además de amenazar públicamente a nuestra organización, exigiendo a las autoridades del estado de Oaxaca que:
“…manden seguridad para poner un cerco de elementos y un filtro en la entrada de la población para que esté próximo siete de mayo impidan el ingreso de integrantes de la organización del Frente Popular Revolucionario (FPR), Flor y Canto A.C., Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) A.C., y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), porque a ocho años estos grupos antiminas vienen a la población a instalar un Foro que lo convierten en una campaña campal.” (sic). (CIO Información, 1 de mayo de 2017).
En estas fechas se publicaron varios artículos en el mismo tono y se difundió el siguiente mensaje en redes sociales: “Seguidores de los grupos opositores a TODO…insisten en imponer a la Población de San José del Progreso y a su Presidente Municipal la cede para sus festejos contra la minería, la declaratoria de territorios libres de minería y liberar el manejo del agua en el valle… convocando a que asistan a su reunión y ofreciendo el transporte, los alimentos y el pago de $500.00 pesos por persona asistente”. También se publicó un video con pobladores y trabajadores de la mina de San José del Progreso, exigiendo que se impidiera una reunión de comunidades aledañas con la COPUVO en su comunidad.
Es importante destacar que ante estos hechos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares a favor de las y los defensores de derechos humanos que asistirían a dicha reunión, garantizando su integridad y capacidad de ejercer su derecho a la reunión, manifestación, libre expresión y libre tránsito (4 de mayo de 2017). Por su parte, la COPUVO condenó la actuación de las autoridades locales y la empresa minera, ya que esta campaña generó un clima de hostilidad y división en toda la región (Denuncia COPUVO 9 de mayo de 2017).
MANIFESTACIONES
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