Insistió en que la información conseguida de manera ilegal, sin importar el método y los insumos materiales, tecnológicos o cibernéticos empleados para tal efecto, es una práctica ilícita, que atenta contra la dignidad de las personas al vulnerar sus derechos a la privacidad y a la intimidad.
Agregó que toda injerencia abusiva o arbitraria en la vida privada de las personas está prohibida por el Derecho Internacional, el cual impone a los Estados la obligación de brindar la protección más amplia y efectiva posible a la misma.
Finalmente, reiteró que ya abrió un expediente sobre este caso y solicitará a las dependencias e instancias señaladas como responsables la información que le permita realizar, en el ámbito de la protección y defensa de los derechos fundamentales, una investigación puntual sobre las posibles violaciones de derechos humanos que se hubiesen verificado para emitir, en su oportunidad, el pronunciamiento que corresponda.Te podría interesar...








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