A nivel nacional, datos de la Encuesta Intercensal 2015, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalan que en México más de ciento cuarenta mil trabajadores y trabajadoras domésticas remunerados, hablan lengua indígena, lo que representa el 8.4% del total de quienes se dedican a esta actividad; de este grupo el 93.5% son mujeres, de ahí el interés del Poder Judicial del Estado para revisar la situación de este sector en el marco de los derechos de las mujeres.
Durante el foro, especialistas y representantes de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos coincidieron en la importancia de impulsar acciones para promover de manera efectiva la igualdad a partir de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que promueven y protegen los derechos de los y las trabajadoras domésticas, especialmente de las mujeres indígenas, reconociendo en estos instrumentos, estándares que permiten garantizar a tal sector de la población la más alta protección a su dignidad.
A partir de sus conocimientos y experiencia profesional, propusieron diferentes acciones que impacten favorablemente en este sector a través de programas que reconozcan y respeten sus derechos laborales y terminen con situaciones de discriminación, barreras y obstáculos creados por la sociedad.
En el foro participaron como ponentes Iris Arlette Gallardo Escamilla, Directora General de Fomento de la Seguridad Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Marcelina Bautista Bautista, Fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar; Minerva de Jesús Gómez Cruz, integrante de IDEAS A.C-Ch’ieltik; los Investigadores Independientes, María Cristina Velásquez Cepeda y Julio César Domínguez Díaz. Como moderadora fungió la Magistrada Xóchitl Raquel G. Pérez Cruz, titular de la Segunda Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas.
En su oportunidad, la directora de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Estefanía Altamirano Jiménez, destacó que para el Magistrado Presidente Raúl Bolaños Cacho es prioridad compartir y tejer redes que fortalezcan y consoliden los derechos humanos y la igualdad de género, pues el respeto y la protección de estos derechos no pueden ser sólo una actitud individual sino que se requiere del trabajo conjunto para lograr objetivos comunes que contribuyan a la igualdad real de las personas en situación de vulnerabilidadTe podría interesar...








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