El Protocolo plantea “sancionar toda acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga como finalidad o resultado, limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público, conducta que puede ser realizada en forma directa o a través de terceros”.
Detalla una lista de conductas sancionables por violencia política contra las mujeres afiliadas al Partido en su calidad de aspirantes, precandidatas o candidatas a un cargo de elección popular o partidario, candidatas externas, candidatas electas, representantes populares o dirigentes.
Entre las sanciones propuestas, destacan la suspensión de derechos partidarios, destitución del cargo en los órganos de representación y dirección del Partido, inhabilitación para ser registrarse a candidaturas a cargos de elección popular, la negativa o cancelación de su registro en precandidaturas, hasta la expulsión.
El Protocolo precisa que las y los perredistas y sus equipos se abstendrán de recurrir a mensajes sexistas para descalificar a candidatas de otros partidos con base en estereotipos de género, así
como de ejercer cualquier tipo de violencia política en su contra, haciendo extensivo este compromiso de respeto y no agresión a las mujeres que se desempeñen como autoridades, legisladoras, o funcionarias emanadas de otros partidos políticos.Te podría interesar...








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