A través del proyecto Atenea, que comenzó a funcionar en México en 2016 para sistematizar y analizar información sobre el derecho a la participación política de las mujeres, se creó el IPP para medir el estado del ejercicio de este derecho y generar recomendaciones a fin de acelerar la presencia de ciudadanas en cargos de toma de decisiones y ejercicio del poder.
Sobre este ejercicio Katyna Argueta destacó que el IPP mide ocho dimensiones que van desde los marcos legales hasta el ejercicio del poder. De acuerdo con esta medición que se aplicó en Perú, Argentina, Honduras, Chile, Uruguay y Panamá, México es el país de América Latina con mejor calificación.
La consultora Blanca Olivia Peña Molina destacó que la dimensión de presencia de mujeres en los partidos políticos obtuvo un puntaje de 57.4 sobre 100. Una de las dimensiones peor calificadas porque también se analizaron los compromisos plasmados en los estatutos de los partidos; el porcentaje de mujeres en órganos directivos, si contaban con Unidad de Género y su agenda en la materia.
En la presentación del índice a la que asistieron líderes de partidos políticos y funcionarias electorales, la nueva representante de ONU Mujeres, Belén Sanz, destacó que México es uno de los países con avances más significativos en paridad porque hay actores involucrados comprometidos con el tema, como los varones.
Destacó que actualmente el reto es garantizar más ciudadanas en el Poder Ejecutivo, en el Judicial y que se cumpla la paridad en candidaturas en la integración de ayuntamientos, tanto vertical, es decir en la lista total de cargos edilicios, como horizontal, que significa en las postulaciones a presidencias municipales.
Asimismo, otros desafíos serán tipificar la violencia política de género; que los partidos políticos reformen sus documentos básicos; incrementar y hacer eficiente el uso de recursos para la capacitación femenina y un segundo proceso de armonización legislativa en materia político-electoral.
A esto, sumaron, se necesitarán más acciones que favorezcan la permanencia y desarrollo de las mujeres en cargos y en espacio de toma de decisiones que garanticen la inclusión de indígenas jóvenes y afrodescendientes.
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