Oaxaca.- Por unanimidad, diputados y diputadas de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron modificar el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, reglamentando el divorcio administrativo.   El objetivo de esta modificación al Código civil y el Código de procedimientos civiles  es procurar el cumplimiento del deber de proteger y garantizar  una vida digna a la sociedad y sus habitantes, garantizando libertades sin distinción alguna de origen, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, etc, afirmaron las y los legisladores.   Anteriormente los procedimientos resultaban extremadamente desgastantes, tanto económica, temporal y psicológicamente, por ello la Fracción Parlamentaria de Morena crea el divorcio administrativo, cuyo tiempo aproximado  de trámite es de cinco días, desde luego estableciendo igualdad de derechos y obligaciones para uno de los cónyuges.   Con la modificación al Código de Procedimientos Civiles y el Código civil,  en las oficialas de los Registros Civiles, se contará  con el formato de Divorcio Administrativo, y en los municipios donde no exista oficial de Registro Civil, los presidentes municipales  auxiliarán a  los oficiales del registro civil  a la jurisdicción que pertenezcan en la recepción de solicitudes de  divorcios administrativos, explicaron las y los diputados.   Asimismo, se estipula que el abandono injustificado  del domicilio conyugal por uno de los dos cónyuges, por más de seis meses cesa desde el día del abandono los efectos de la sociedad conyugal. “Lo anterior es causa suficiente para decretar el divorcio administrativo”, explicaron.   El divorcio administrativo procede cuando ambos, convengan  en divorciarse, sean mayores de  edad, no tengan hijos nacidos o concebidos, o  los que tengan sean  mayores de edad, no requieran de alimentos y de común acuerdo  decidan terminar su sociedad conyugal.   Es importante señalar que esta Ley coloca a Oaxaca a la vanguardia a nivel nacional; por ello integrantes de la Fracción Parlamentaria de Morena reiteran su compromiso en impulsar leyes que beneficien a la sociedad.