Oaxaca.El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Francisco Martínez Neri, advirtió que en México la tortura y los malos tratos, como la asfixia, la violencia sexual, las descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura psicológica, continúan siendo práctica común para conseguir declaraciones. Alertó que los índices de impartición de justicia en el país son bajos, “peor aún si hablamos en el caso específico de la tortura, en ese rubro son casi nulos, la impunidad alcanza el 99.6 por ciento, apenas dos de cada cien delitos son juzgados”. Ejemplo de ello, añadió el líder parlamentario perredista, es que la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, de la Procuraduría General de la República (PGR), obtuvo sólo 19 órdenes de aprehensión derivadas de 4 mil 715 expedientes de averiguaciones previas. En la democracia que vive el país, uno de los temas prioritarios es la erradicación de la tortura, la cual ha sido establecida como uno de los desafíos prioritarios en materia de derechos humanos. “Es inadmisible que se sigan fabricando culpables y llenando las cárceles de gente inocente”. Por ello, Martínez Neri informó que presentó un exhorto a los Titulares del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Gobernación, para que en el ejercicio de sus facultades sancionen y promulguen el decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. “También solicitamos que se publiquen las reformas a diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional”, puntualizó. El coordinador de los diputados federales del PRD recordó que el 26 de abril de este año, en forma unánime el Senado aprobó la minuta que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y conforme al proceso legislativo, se turnó al Ejecutivo para su publicación, sin que eso haya ocurrido hasta la fecha. “Aunque toda la legislación merece un estudio detallado para conocer sus alcances, existen efectos retroactivos que representan un aspecto trascendental y que es la causa por la cual no ha sido promulgada”, explicó. Ahondó que el artículo segundo transitorio del decreto aprobado permitirá que las personas sentenciadas o que se encuentren en proceso, que hayan sido víctimas de tortura, podrán reabrir sus casos o bien, pedir que se analicen a partir de los contenidos establecidos con la nueva legislación. El legislador por Oaxaca enfatizó que es preocupante la falta de promulgación de este cuerpo normativo, sobre todo si los motivos son la presión de grupos opositores a la reforma, “situación que resultaría un contrasentido, pues en el amplio consenso generado para aprobar esta ley participaron activamente varias instancias del Gobierno Federal”. Manifestó que la tortura en México es un problema a gran escala, que exige del Estado mexicano una respuesta integral, por eso urge la publicación y entrada en vigor de este marco jurídico. “Es necesario que se inicie la revisión de los cientos de miles de casos de personas víctimas del propio sistema y de sus autoridades”, sentenció.