Según se ha informado, la intervención informática habría afectado a defensores de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), así como a miembros de organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y del Instituto Mexicano para la Competitividad.
También se habría visto afectado el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y algunos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado para participar en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
Entre los periodistas que afirmaron haber sido vigilados se encuentran Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola. Además, de acuerdo a la evidencia publicada, también se habría dado un caso de espionaje contra el hijo menor de edad de una de las periodistas afectadas y contra algunos miembros de partidos políticos de oposición.
“Dada la gravedad de los hechos, el Gobierno debe garantizar las condiciones necesarias para que la investigación se realice con independencia y transparencia”, recalcaron los expertos de la ONU.
“La posible implicación en la compra y el uso de ‘Pegasus’ de las mismas autoridades que ahora se encuentran a cargo de conducir la investigación es motivo de preocupación”, indicaron. “En ese sentido, llamamos al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para asegurar la imparcialidad de órgano investigador”.
Asimismo, los expertos hicieron un llamado a que se permita la participación de las víctimas en las investigaciones y a que se informe oportunamente a la sociedad sobre los resultados de las mismas.
“Urgimos al Gobierno mexicano a garantizar el cese de las intervenciones y el monitoreo”, señalaron. “Dichas garantías deben incluir controles efectivos sobre los servicios de seguridad e inteligencia que impidan un uso ilegítimo de las herramientas de vigilancia con que cuenta el Estado”.
Para los expertos de la ONU, “la resolución de este caso a través de una investigación independiente e imparcial representa un paso clave para demostrar la voluntad del Gobierno en la lucha contra la impunidad en la procuración de justicia en México”.
(*) Los expertos: el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; la Sra. Houria Es-Slami, Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y el Sr. Joseph Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad.Te podría interesar...








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