Se trató de una reunión de tres horas:
– Fue la primera desde que en agosto pasado fue suspendido el diálogo por parte de los padres porque se les retrasaba la información de la investigación interna de Tomás Zerón.
– Estuvo presente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
– Se dijo que corresponde a la Visitaduría General de la PGR explicar por qué Zerón de Lucio podría ser sancionado de manera administrativa y no penalmente.
– Para los padres tuvo “acuerdos mínimos”: aumentar el número de personal en el caso y seguir utilizando “tecnología de punta” en la búsqueda de los estudiantes normalistas.
– Acordaron tener una próxima reunión el 9 de marzo.
Más allá de algunas suspicacias por retomar en estas fechas el caso, era esencial que la PGR de Cervantes mostrara de qué forma abordaría los encuentros con los familiares y conduciría las investigaciones.
En extremo discreto y alejado de los medios, Cervantes plantea pocas modificaciones con respecto a su antecesora en el cargo. Más allá de su tradicional postura, para los padres el encuentro dejó desencanto y mayores dudas.
Como un caso por demás emblemático de impunidad, fallas institucionales y violencia extrema de cárteles criminales, devolver el caso Ayotzinapa a la escena pública en los días de tensiones por la relación bilateral con Estados Unidos es una apuesta arriesgada: mostrarle al nuevo gobierno que se sigue trabajando en lo que es una asignatura pendiente en materia de derechos humanos.
El salto cualitativo será pasar a una nueva etapa, sobre todo entre el centenar de personas detenidas y vinculadas al proceso. El tiempo rumbo a final del sexenio comienza a ser una sombra.







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