Recordó que el 15 de Septiembre de 2016, la LXII Legislatura del Estado restringió facultades a la ASE, por lo que para proceder penalmente contra de funcionarios de elección popular y de los previstos por el artículo 118 de la Constitución Política, por delitos cometidos con motivo de su encargo, la Jucopo tendría que autorizar a la Auditoría, presentar la demanda penal.
La modificación a la Ley de Fiscalización, dijo, generó la inconformidad de la ciudadanía y de los especialistas en materia de fiscalización y rendición de cuentas, dado que se trata de un requisito inadmisible que va a contracorriente de la dinámica nacional y que representa un obstáculo para el debido ejercicio de las acciones penales.
“Además de convertir a la Jucopo en una instancia revisora de los procedimientos de fiscalización, en demérito de la autonomía operativa de la Auditoría, la ubica como instancia extrajudicial y de protección a la impunidad bajo criterios de coyuntura económica o política”, señaló.
Por tanto, sostuvo, es urgente devolver la autonomía a la ASE, ya que ni antes ni mucho menos ahora, la intervención de la Junta de Coordinación Política puede tener cabida en el nuevo Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
La aduana política en la que se ha convertido la Junta para ejercer acción administrativa y penal a criterio y de manera discrecional, se parece más a un refugio de la impunidad y en uno de los mayores impedimentos para la confirmación definitiva de la cultura de la legalidad, sentenció.
De ahí que llamó a las y los diputados a sumarse a esta iniciativa y aprobarla a la brevedad, con el fin de garantizar la aplicabilidad del Sistema Estatal Anticorrupción.







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