Por violar normas, Profepa clausura minera La Natividad en Oaxaca

Ciudad de México.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) llevó a cabo la clausura total temporal de mina La Natividad, en el estado de Oaxaca, debido a que ésta no cuenta con la autorización de impacto ambiental para actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación, como lo señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). En un comunicado, se dio a conocer que en  atención a una denuncia ciudadana, personal de la Delegación Federal de la PROFEPA en la entidad acudió al municipio de Natividad, donde llevó a cabo visita de inspección en la empresa minera, el pasado 1 y 2 de marzo de 2016, en materia de impacto ambiental. En ese sentido, los inspectores de la PROFEPA constataron la ejecución de obras y actividades de beneficios de minerales, así como el cambio de uso de suelo por la construcción de una presa de jales. Por ello, la PROFEPA solicitó al inspeccionado la autorización en materia de impacto ambiental que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), pero durante la diligencia no mostró documento alguno. El pasado 5 de octubre de 2016, la PROFEPA emplazó a la Compañía Minera Natividad y Anexas S.A. de C.V., y se impuso como medida de seguridad la clausura temporal total del sitio en donde se realizaron las obras y actividades, condicionando su levantamiento a la presentación de la autorización en materia de impacto ambiental que emite la SEMARNAT. No obstante que la empresa, en el mismo mes de octubre  de 2016, promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; dicha autoridad le negó la suspensión provisional solicitada, consistente en el levantamiento de clausura, por lo que la PROFEPA continuará sustanciando el procedimiento administrativo instaurado. Con este tipo de medidas, mismas que se encuentran apegadas a derecho, la PROFEPA reitera su compromiso para el cabal cumplimiento de las determinaciones impuestas y, con ello, garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.