Esta decisión de un gobierno, que dijo que no iba a haber un gasolinazo, representa un duro golpe a la economía de los campesinos y productores, para quienes habrá repercusiones muy negativas. Indicó Federico Ovalle que hay estudios que señalan que el costo de producción y la carestía se habrán de incrementar en 35 y 40% en los primeros 3 meses del año, lo que hace que las consecuencias las pagaremos los consumidores y los productores.
“Hemos acordado en el FAC deslindarnos de manera muy firme de muchos actos de provocación que vienen desde el propio gobierno; son actos de rapiña y saqueo que están afectando al comercio y tienen la pretensión de desviar la atención del anuncio del aumento de los precios de los combustibles y energía eléctrica” precisó el líder de la CIOAC.
Por su parte, Federico Chew, del Movimiento Social por la Tierra destacó que en las protestas, a las que se ha sumado el FAC, está el rechazo a la política económica, a las reformas y a la burocracia dorada que, para cargarle el costo de la crisis al pueblo se ha autoprivilegiado. El reclamo de la población es que se cancelen los privilegios de los altos funcionarios y de los legisladores. Prueba de ello son los escandalosos bonos que se dieron a fin de año los diputados, más los 20 millones que se asignaron para hacer obras de gestión pública, que es el origen de los famosos moches.
La liberalización de los combustibles se adelantó en el calendario de la reforma, ya que el Gobierno Federal decidió cargarle el nuevo impuesto ante la necesidad que tienen de ingresos por el boquete presupuestal que se ha generado como efecto de la reforma energética, añadió.
A su vez, Marco Antonio Ortiz, de la Coalición de Organizaciones Democráticas y Campesinas, CODUC, anunció las movilizaciones que se incrementarán a partir del próximo lunes en rechazo al llamado “gasolinazo” y dijo que el FAC asume las responsabilidades legales y políticas que se deriven de estas acciones.
Informó que la organización que dirige detectó a agentes, fundamentalmente del Estado de México, a los que se les paga 800 pesos por asistir a hacer desmanes en otras entidades. “Hoy el gobierno está generando actos de provocación con jóvenes infiltrados para que se genere una represión mayor” dijo.
Por ese motivo anunció que el 31 de enero, alrededor de 50 mil campesinos llegarán a la ciudad de México para reclamarle al gobierno la política pública que cada vez provoca mayor pobreza; la renegociación del TLC y la derogación de la reforma energética.Te podría interesar...








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