Una persona en pobreza, es más probable que sea arrestada y procesada por delitos y, si lo es, es menos probable que pueda pagar un abogado. Quienes sufren la pobreza enfrentan también barreras adicionales cuando quieren votar y, a menudo, carecen de influencia en la toma de decisiones políticas.
En resumen, es mucho más probable que las personas en clases socioeconómicas más bajas sean asesinadas, torturadas o sufran de una invasión a su privacidad, y tienen muchas menos probabilidades de ejercer su derecho al voto o de participar en procesos políticos.
Las organizaciones de desarrollo y derechos humanos, así como los gobiernos, a menudo ignoran las violaciones a los derechos civiles y políticos de quienes se enfrentan a la pobreza, con terribles resultados. Agencias internacionales de gran importancia, como el Banco Mundial y la OCDE, ignoran por completo los derechos humanos y no han prestado atención a los derechos civiles y políticos específicos de quienes viven en la pobreza.
Incluso aquellos que trabajan en el ámbito internacional de los derechos humanos, incluidos muchos Relatores Especiales, expertos, grupos y comités de las Naciones Unidas, a menudo se centran en las violaciones de los derechos civiles y políticos sin tratar el hecho de que están relacionados con la pobreza.
Lo mismo se aplica a las ONG internacionales de derechos humanos. El trabajo de análisis realizado en 2006 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) sobre las causas profundas de la tortura es la excepción que confirma la regla.
Los derechos civiles y políticos de los pobres se han ido difuminando de varias formas.
En primer lugar, las organizaciones de derechos humanos han asumido que la pobreza puede explicarse exclusivamente a causa de diversas formas de discriminación. Pero esta visión limitada es insuficiente para entender las consecuencias específicas de las diversas formas de discriminación, opresión, estigma y violencia que experimentan diariamente quienes luchan contra la pobreza.
En segundo lugar, prácticamente todos los gobiernos, los órganos de derechos humanos de la ONU y las organizaciones de derechos humanos han ignorado el hecho de que las disposiciones clave de los principales tratados de derechos humanos prohíben la discriminación de cualquier tipo por motivos de origen social, patrimonio, nacimiento o cualquier otra condición. El resultado es que la discriminación basada en la clase socioeconómica casi nunca forma parte de ningún análisis.
Llamo a que comunidad de derechos humanos, la comunidad de desarrollo y los gobiernos utilicen un nuevo enfoque que preste la debida atención a la frecuencia y la forma en que se violan los derechos civiles y políticos de los pobres. Es tarea de todos determinar cómo se puede lograr ese objetivo, pero un punto de partida clave es comenzar a recopilar datos.
Se sabe tan poco acerca de cómo los pobres se ven afectados de manera diferenciada y desproporcionada por las violaciones de los derechos civiles y políticos, que no se puede esperar una respuesta razonable sin un mayor entendimiento de sus causas.
Todos los que abogan por el respeto a los derechos humanos de las personas, ya sea desde dentro del sistema de la ONU o cualquier otro grupo u organización, deben aportar su esfuerzo para devolver a las personas que viven en la pobreza a la imagen, cerrar la brecha del conocimiento y abocarse a la búsqueda de soluciones este desproporcionado sufrimiento”.







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