Agregó que en lo que se refiere a la persona que cometió el delito, a través de la imposición de la pena se busca lograr su reinserción al interior de su familia y comunidad, lo que se traduce en que en el tiempo que esté compurgando su pena va a tener el apoyo del Estado para que estudie, trabaje, se capacite, y cuando salga pueda continuar con su vida.
“El aumento de las penas nada tiene que ver en un momento dado con el aumento o disminución del índice delictivo, porque por sí misma la imposición de la pena no es el objetivo. En este caso se puede hablar del tema de prevención del delito, como una cuestión de políticas públicas que el Estado tiene que generar, una vez que haya investigado cuáles son los factores que propician las conductas fuera de la ley”, dijo.
Con base en ello, resaltó será posible tomar las medidas necesarias y adecuadas para evitar que la comisión de hechos delictivos aumente; ello aunado a políticas públicas en cuanto a la educación y fuentes de trabajo.
Consideró que el aumento de penas no se debe tomar a la ligera, sino que debe ser un estudio profundo, dado que para ello se requieren criterios de razonabilidad y lógica, pues el contar con una pena de 105 años en determinados delitos, va más allá de lo que un ciudadano mexicano en promedio tiene de vida.
Si la finalidad de la pena es la reinserción social, con esa pena, hasta inhumana, ¿podrá cumplirse con ese objetivo? Considero que no; pero tampoco se puede dejar pasar por alto que quienes más deben estar enterados al respecto son los ciudadanos, para que puedan entender a las instituciones jurídicas, manifestó la presidenta de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado.Te podría interesar...








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