Primero, el respeto irrestricto a las normas que lo rigen y que están diseñadas para que quienes ocupan cargos directivos tengan la experiencia y las habilidades que semejante tarea requiere.
Segundo, que quienes se encarguen de dirigir el INEGI tengan perfiles políticamente autónomos que garanticen la independencia del Instituto.
El presidente Enrique Peña Nieto ha solicitado al Senado ratificar a Paloma Merodio como vicepresidenta del INEGI. Varias organizaciones civiles y académicos han documentado que Merodio no cumple los requisitos que marca la ley para ocupar un puesto en la junta de gobierno de dicha institución.
Consideramos que estos señalamientos son sumamente graves, y por tanto exigimos al Senado de la República que haga una revisión exhaustiva de la documentación y el perfil de la propuesta.
Es de conocimiento público que hay otras personas, específicamente mujeres, que sí cumplen con méritos propios del perfil y trayectoria que la ley exige. Además, nos parece que darle el encargo de supervisar la generación de datos relevantes para la medición de la pobreza, por ejemplo, a quien antes tuvo como cargo el combate a la misma no abona a la consolidación del INEGI como el órgano autónomo que necesitamos que sea, como ciudadanos y como investigadores.
Por lo tanto, en caso de que el Senado decidiera rechazar dicha propuesta, esto no implicaría un problema en términos de dejar al INEGI parcialmente acéfalo.
Por el contrario, ratificar una propuesta a la vicepresidencia del INEGI que no cumple los requisitos y el perfil que marca la ley puede sentar un mal precedente hacia el futuro.
En suma, exigimos que el Senado tome con debida seriedad la decisión que tiene en sus manos sobre la autonomía e imparcialidad de la institución estadística más importante de América Latina.Te podría interesar...








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