Oaxaca.- El Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, lamentó que las denuncias sobre violencia política que sufrieron 20 mujeres electas en los comicios de 2016, no se han visibilizado como tal, ante la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), pese a que todas tienen los elementos para llevarse a juicio de derechos políticos, e incluso a denuncia penal. Asimismo, existen 35 quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), que tampoco han sido resueltas. Anabel López Sánchez, integrante del colectivo, refirió que la presidenta municipal de San Juan Ihualtepec, Lucía Pineda González, es claro ejemplo, ya que hasta el momento, producto de la violencia política en su contra, no ha podido ejercer recursos del Ramo 33. Este caso estuvo acompañado por la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), sin que hasta el momento el conflicto haya sido superado. Asimismo, María Eugenia Mata, integrante de la Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (Idemo), señaló que tanto las autoridades electorales y fiscalías, con sus actos, no contribuyen para disminuir las desigualdades en hombres y mujeres. "Si bien hay avances en términos de algunas políticas y modificaciones de leyes, en los hechos no es así. No se llevan a cabo en el terreno de lo concreto para modificar las brechas de desigualdad", aseguró. Cabe destacar que en lo que va del proceso electoral 2018, tres mujeres denunciaron de manera pública ser víctimas de violencia política por exclusión en candidaturas y asignación de éstos espacios a hombres.