Ante esta situación, mediante un punto de acuerdo que presentó la senadora Laura Rojas con el respaldo de toda la bancada del Partido Acción Nacional, se solicitó a ambas dependencias que se coordinen con los estados, municipios e instituciones de seguridad pública locales para instrumentar y ejecutar una política con este propósito. “No es posible que la institución encargada de velar por la procuración de justicia en el país se aboque a investigar a opositores políticos y no a los criminales que atentan contra la vida de personas y la democracia”, dijo la legisladora. Afirmó que la intrusión del crimen organizado en la política para garantizar omisión o complicidad de las autoridades debería ser el tema número uno de la agenda pública, pero poco o nada se ha visto.