Lilia TORRENTERA G.
Oaxaca.- El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU con sede en Ginebra, Suiza, emitió hoy sus observaciones y preocupaciones preliminares sobre la situación de la discriminación que enfrentan las mujeres en México.
El organismo internacional subraya en sus conclusiones la urgencia de que el Estado mexicano redoble sus esfuerzos y traduzca sus marcos legales y políticas existentes en resultados tangibles para garantizar los derechos y la seguridad de las mujeres mexicanas y solicitó información al Gobierno de México sobre diversos temas que siguen empañando el derechos a una vida libre de vionencia de las mujeres en todo el país.
El CEDAW manifestó en su resumen una profunda inquietud por el incremento de la violencia de género, incluyendo las muertes violentas, asesinatos y desapariciones forzadas de mujeres, particularmente en estados como México, Tamaulipas, Jalisco y Guerrero.
El Comité exige una acción urgente para abordar las causas profundas de estos crímenes y garantizar la investigación efectiva, con perspectiva de género, y la sanción de los responsables.
Esta instancia celebró haber elevado el Instituto Nacional de las Mujeres a secretaría de nivel ministerial. También expresó su preocupación por las madres buscadoras que siguen siendo objeto de violencia y discriminación. Recomendó una inversión efectiva y sostenible en los derechos de las mujeres y en programas de igualdad de género, así como el reconocimiento formal de las personas buscadoras como una categoría especial de personas defensoras de derechos humanos.
Hace énfasis en el tema de las circunstancias de criminalización y hostigamiento hacia las mujeres periodistas y describe en diferentes incisos todas las expresiones de violencia y discriminación que padecen las mujeres mexicanas en salud, derechos humanos, participación política, migración, educación, derechos sexuales, trata de personas, empleo, empoderamiento económico, condiciones laborales así como las circunstancias actuales que siguen enfrentando las mujeres campesinas, indígenas y afromexicanas.
Demandas cruciales de la ONU hacia el Estado mexicano
Si bien el CEDAW reconoce en el documento la existencia de ciertos marcos legales en entidades en México a favor de las mujeres, sus cuestionamientos giran en torno a la eficacia, implementación y recursos de estas iniciativas. Entre las principales preocupaciones y demandas del organismo internacional se encuentran:
- Marco Legal y Acceso a la Justicia: El Comité insta a México a derogar cualquier disposición discriminatoria en su legislación y a armonizar las definiciones y sanciones relativas a la discriminación y violencia en los procedimientos penales. A pesar de contar con herramientas como el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género (2020) de la Suprema Corte, se exige eliminar los obstáculos que impiden un acceso igualitario a la justicia y la reparación, así como capacitar adecuadamente a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
- Mecanismos Institucionales y Financiamiento: El CEDAW pide aumentar los recursos humanos, técnicos y financieros del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y mejorar su capacidad de coordinación del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2020-2024). Asimismo, se critica la "desfinanciación de las políticas de igualdad de género" y se demanda asegurar asignaciones presupuestarias suficientes, especialmente para mujeres indígenas y afrodescendientes, implementando un proceso integrado de presupuestación con perspectiva de género.
- Violencia de Género y Desapariciones: A pesar de la existencia de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y el mecanismo de Alerta de Violencia de Género, el Comité solicita información detallada sobre su impacto y una evaluación para garantizar su uso amplio y coordinado. Se enfatiza la necesidad de armonizar la legislación sobre feminicidio en todo el país y agilizar la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas mediante protocolos como Alerta Amber y Protocolo Alba.
- Vulnerabilidad y Derechos Específicos: El CEDAW llama la atención sobre la protección de las mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales, así como la urgente necesidad de combatir la trata de personas, fortalecer el apoyo a víctimas y prevenir la explotación en la prostitución. En el ámbito laboral, si bien México ha ratificado el Convenio 190 de la OIT sobre Violencia y Acoso, se insta a garantizar la igualdad salarial por trabajo de igual valor y combatir el acoso sexual persistente.
- Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos: A la luz de la sentencia 267/2023 de la Suprema Corte (2023), el Comité insta a México a despenalizar el aborto a nivel federal y en todos los estados, asegurando el acceso a servicios legales y seguros. También se pide la emisión de directrices sobre objeción de conciencia y la prevención de la violencia obstétrica y la esterilización forzada.
- Participación y Representación: El CEDAW exige que se establezcan objetivos y plazos concretos para lograr la participación igualitaria de las mujeres en la vida pública y política a todos los niveles, combatiendo prácticas discriminatorias en los partidos políticos y reconociendo la violencia política de género como delito.
- Contexto de Crisis y Grupos Específicos: El organismo pide que las medidas de recuperación post-pandemia integren una perspectiva de género y que la estrategia de seguridad pública respete los derechos de las mujeres. Se destaca la necesidad de fortalecer los derechos de mujeres rurales, afrodescendientes e indígenas, garantizando su acceso a servicios, participación económica y protección ambiental. Finalmente, el Comité aborda la protección de mujeres migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y desplazadas internas, urgiendo a revisar la Ley de Migración y a protegerlas de todas las formas de violencia en los centros de detención y en la frontera.
Estas observaciones, que preceden la presentación del décimo informe periódico de México, son un llamado contundente para que el Estado mexicano demuestre progresos tangibles y efectivos en la eliminación de la discriminación contra las mujeres en todas sus esferas.
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