Oaxaca.-Este fallo establece que los Estados tienen la obligación jurídica de adoptar acciones urgentes, coordinadas y eficaces para enfrentar la emergencia climática, incluyendo la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, la regulación de actividades privadas y la promoción del desarrollo sostenible**.

 

La decisión es resultado de un proceso consultivo con amplia participación global y responde a una solicitud de Colombia y Chile, marcando un precedente en la región al establecer directrices claras sobre las obligaciones estatales frente al cambio climático y su impacto en derechos fundamentales como la vida, la salud, el agua, la alimentación, y la vivienda.

 

Además, la Corte señaló que la crisis climática es una emergencia de derechos humanos que afecta especialmente a las generaciones presentes y futuras, y que la protección de estos derechos debe estar en el centro de toda respuesta estatal.

 

También se reconoció que las empresas tienen responsabilidades vinculantes en relación con el cambio climático y sus impactos sobre los derechos humanos, poniendo los derechos de las personas y de la naturaleza por encima de intereses económicos.

 

Finalmente, la Corte reafirmó la prohibición de causar daños ambientales masivos e irreversibles, considerándola una norma de jus cogens (norma imperativa del derecho internacional), y destacó la importancia de garantizar el derecho a un medio ambiente sano como un derecho autónomo fundamental para la existencia humana.