Copelia Mallé

Oaxaca .– La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), emitió un llamado al Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez, ante la creciente ola de denuncias por abuso, hostigamiento y violencia institucional ejercida por inspectores municipales hacia a la ciudadanía y comerciantes informales. Este  pronunciamiento llega tras un nuevo y ampliamente difundido caso que exhibe la vulneración de los derechos ciudadanos.

El incidente más reciente, captado en video por un ciudadano y viralizado en redes sociales, muestra a funcionarios municipales interceptando con violencia a un joven indígena originario de Veracruz que vendía muebles de madera en las calles del centro de la ciudad. El video documenta cómo los inspectores lo detuvieron arbitrariamente y lo amenazaron con arrestarlo, llegando incluso a intimidar a la persona que grababa los hechos.

La DDHPO ha señalado que estos actos de autoridad, lejos de ser aislados, afectan de manera directa a personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo comerciantes ambulantes, individuos con discapacidad, artistas urbanos, mujeres con niñas, niños y adolescentes, y estudiantes. Estas poblaciones han sido víctimas de agresiones físicas, decomisos arbitrarios, robo de pertenencias y tratos discriminatorios por parte de los inspectores, quienes no son sancionados por las autoridades municipales.

Se señala que estas conductas además son discriminatorias hacia las personas de origen indígena y criminalizan a quienes ejercen el comercio informal

Ante la gravedad de la situación, el organismo defensor de los derechos humanos ha lanzado una enérgica exigencia a la administración municipal encabezada por Raymundo Chagoya y demanda una investigación inmediata de todos los casos documentados, la sanción ejemplar a los servidores públicos involucrados en estas conductas, y la implementación urgente de protocolos de actuación con un claro enfoque en derechos humanos para todos los operativos que se realicen en la vía pública.

Esta intervención busca asegurar que la autoridad municipal cumpla con su deber de proteger y servir a la ciudadanía, en lugar de vulnerar sus derechos y dignidad.