Oaxaca.-La comunidad indígena Puente Madera, ubicada en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ha enfrentado una intensificación de hechos de acoso, hostigamiento y criminalización por su resistencia frente a la imposición de megaproyectos, específicamente el Corredor Interoceánico.

Las protestas han derivado en una serie de agresiones y en la judicialización de varios de sus integrantes.

Alerta de Organizaciones Internacionales

• Diversas organizaciones nacionales e internacionales han lanzado un llamado urgente a todas las autoridades federales, estatales y municipales ante la gravedad de la violencia sistemática en la región.

• Entre los actores agredidos destacan la comunidad de Puente Madera y la organización UCIZONI, cuyos miembros han enfrentado:

  • Hostigamiento y agresiones físicas.

  • Detenciones arbitrarias.

  • Criminalización.

  • Desplazamientos y amenazas.

• En el periodo de mayo 2021 a mayo 2024 se documentaron al menos 72 ataques con 226 agresiones contra defensores y comunidades opuestas al proyecto.

Exigencia de Protección y Recomendaciones

• Las organizaciones exhortan al Estado mexicano a implementar medidas urgentes de protección y garantizar un entorno seguro y propicio para la defensa de derechos humanos.

• Se solicita la detención de toda forma de amenaza y criminalización contra los pueblos indígenas defensores del territorio.

• También se exige la investigación y castigo de los responsables de las agresiones y el establecimiento de mesas de diálogo con las autoridades federales.

Sentencias y Criminalización de Defensores

• Se resalta el caso de David Hernández, defensor vinculado a proceso y sentenciado a más de 46 años de prisión, acusado de delitos ligados a su labor de defensa territorial.

• La comunidad señala que estas acciones son un instrumento de castigo y represión por su oposición al despojo de tierras para megaproyectos industriales.

El gobierno de Oaxaca ha minimizado el conflicto calificándolo como un simple problema interno de tierras, mientras que la comunidad lo define como un acto de imposición y despojo vinculado a intereses estatales y federales.

Han denunciado irregularidades en asambleas y simulaciones para aprobar proyectos sobre sus tierras, así como falsificación de firmas y falta de transparencia en la información pública respecto al destino de tierras comunales.

En la información pública disponible, no hay confirmación explícita de una alerta oficial reciente emitida directamente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, sí existen reportes de alerta y preocupación de organizaciones internacionales y nacionales que citan estándares internacionales y recomiendan que México cumpla sus obligaciones conforme acuerdos internacionales, incluyendo el Acuerdo de Escazú, que ha sido firmado bajo la égida de la ONU.

• Es frecuente que organismos internacionales acompañen estos llamados, pero según los reportes, las alertas documentadas han procedido principalmente de ONG nacionales e internacionales y misiones de observación vinculadas a tratados respaldados por la ONU.

La situación en Puente Madera es grave y continúa bajo vigilancia de organizaciones defensoras de derechos humanos. El Estado mexicano enfrenta demandas nacionales e internacionales para detener el hostigamiento y garantizar la integridad de la comunidad y sus defensores, en un contexto de alta criminalización y violencia derivada de megaproyectos.

Aunque no hay un comunicado específico reciente de la ONU, la problemática está en la agenda internacional de derechos humanos y territoriales.