Lilia TORRENTERA G.

Oaxaca.- El Gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, dio a conocer una serie de acciones en el combate a la corrupción, destacando la inhabilitación de exfuncionarios y la presentación de denuncias penales por irregularidades en el sexenio pasado que encabezó Alejandro Murat Hinojosa y que hoy fueron dadas a conocer en la conferencia de prensa matutina del gobernador Salomón Jara Cruz, 

La titular de esa dependencia, Leticia Reyes López, informó que, tras las auditorías realizadas en las finanzas de la administración pasada, se ha logrado inhabilitar a 16 exservidores públicos y un contratista, sumando un total de 147 años de inhabilitación. Además, se han impuesto sanciones económicas por 44 millones 822 mil pesos.

Estas medidas forman parte del compromiso de la administración con la ciudadanía, dando cumplimiento a demandas como la atención al decreto 809 y al llamado "cártel del despojo".

La Secretaría ha presentado 102 declaraciones ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FEMCO) y 26 expedientes ante el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, logrando que siete dependencias sean sancionadas.

Mínimas observaciones de la ASF

Reyes López también resaltó el manejo responsable de los recursos públicos por parte del gobierno actual señalando que, en comparación con la administración 2017-2022, que dejó 3 mil 340 millones de pesos sin solventar en sus dos primeros ejercicios, en comparación de  la actual gobernación con  385 millones de pesos por aclarar en sus dos primeros ejercicios, con el objetivo de dejar la gestión con "los números aclarados".

Detalló que en el Ejercicio 2023, el manejo  presupuestal  de los 91 mil millones de pesos ejercidos en la muestra fiscalizada fue del 91.16%, con solo el 0.31% observado.

En tanto que en los resultados de 2024 mejoraron: de los 104 mil millones de pesos ejercidos, la muestra observada fue de solo 123 millones de pesos, lo que representa el 0.12% del presupuesto revisado.

La funcionaria atribuyó estos resultados a la participación ciudadana a través de los Comités de Contraloría Social, que ayudan a vigilar tanto las obras como el gasto en programas sociales.