Roberto Santiago

Ciudad de México. –  Representantes populares  en la Cámara de Diputados aprobaron la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, envíada por la preseidenta Claudia Sheinbaum, generando una fuerte controversia y preocupación entre la oposición y organizaciones civiles debido a que se violenta la libertad y al derecho a la privacidad de los ciudadanos.

A pesar de una sesión de 20 horas, los legisladores de oposición no lograron modificar los artículos considerados lesivos a estos derechos fundamentales y constitucionales con visos de una consecuente militarización en contra de la vida democrática y civil en México.

El proyecto de decreto, que ahora se remite al Senado para su ratificación, fue aprobado con 324 votos a favor de Morena, PVEM y PT, mientras que 117 legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. La oposición alertó sobre la falta de controles constitucionales adecuados para el acceso a datos biométricos, personales, bancarios y de carácter privado, argumentando que dicho acceso debería realizarse únicamente por causas justificadas y siempre bajo el previo control de un juez.

Los puntos más polémicos de la ley giran en torno a la posibilidad de que el gobierno acceda a información sensible de los ciudadanos sin la obligatoriedad de una orden judicial clara. Diputados de oposición, como José Elías Lixa (PAN) y Jericó Abramo (PRI), cuestionaron específicamente el Artículo 26, que, según ellos, deja abierta la puerta para que las autoridades consulten datos personales y bancarios sin una justificación seria ni el debido control judicial, al incluir la frase "y en su caso, previo control judicial" sin especificar los casos.

Artículos en Debate y Preocupaciones de la Oposición

Durante el extenso debate, que se prolongó por 10 horas, la oposición señaló otros artículos problemáticos. La diputada Laura Ballesteros (Movimiento Ciudadano) manifestó su preocupación por el Artículo 32, relacionado con la protección de datos personales, y preguntó quién vigilaría a las autoridades si se les otorga la facultad de vigilar a los ciudadanos. "No puede haber democracia sin privacidad ni libertad sin protección de los datos; no vamos a permitir que el autoritarismo se disfrace de algoritmo", sentenció.

Asimismo, el diputado Jericó Abramo (PRI) expresó dudas sobre el Artículo 17, que concierne a la identificación de los grupos especiales de investigación e inteligencia, cuestionando si actuarán encubiertos o infiltrados. Otra inquietud central fue la inclusión de "estudios de naturaleza social, económica, comercial, política y otros que resulten útiles para identificar y combatir amenazas y afectaciones a la seguridad pública" en las tareas del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación. Abramo preguntó si esto podría derivar en la persecución de "enemigos del régimen" u opositores políticos.

Este punto también   ha sido cuestionado por organizaciones civiles, al señalar que esta ley podría ser un mecanismo de para espiar, hostigar , perseguir, encarcelar y desaparecer a ciudadanos comunes  y lideres sociales que alcen la voz ante las acciones autoritarias de los tres niveles de gobierno en el país.

Defensa  de la nueva Ley 

Por su parte, los partidos Morena, PT y PVEM defendieron la ley, argumentando que el modelo de inteligencia ligado a la represión política corresponde al pasado y que la nueva normativa busca modernizar las capacidades del Estado para combatir el crimen. La diputada Guadalupe Ortega (Morena) afirmó que quien asocia la inteligencia con persecución "se encuentra anclado en la mentalidad autoritaria de los años 70".

La presidenta de la Comisión de Seguridad, Jessica Saidén (Morena), destacó las "novedades" del dictamen, asegurando que no se revivió el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil ni "cualquier otra herramienta de control masivo de la ciudadanía".

Señaló que la única información contenida será el número telefónico móvil y el nombre del responsable de la línea, y que el acceso a datos sensibles será "sin supervisión institucional". Saidén enfatizó que el nuevo sistema permitirá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana generar inteligencia estratégica basada en datos reales y verificados, y que, en un contexto de cibercrimen y redes criminales transnacionales, es urgente un sistema de inteligencia a la altura de las amenazas actuales, "fundado en principios democráticos y con garantías claras de no agresión en materia de derechos humanos".

Acusaciones de sometimiento  a vigilancia extranjera

Sin embargo, la oposición, particularmente el PAN, reiteró su señalamiento de que la concentración de datos en esta ley y las medidas para acceder a ellos responden a presiones del gobierno de Estados Unidos. Diputados como Paulina Rubio y César Retes (PAN) cuestionaron la posible entrega de datos biométricos de los mexicanos a Estados Unidos, calificándolo como un "acto de sumisión". Margarita Zavala (PAN) criticó que la ley "legaliza totalmente el espionaje" y entrega bases de datos de particulares y entidades públicas a organizaciones nacionales e internacionales, así como a gobiernos locales y extranjeros, sin controles judiciales.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, resumió la postura de su bancada al afirmar que el conjunto de lo diseñado en la ley es "un bloque contrario a los derechos humanos" y "un bloque, entrecomillado, legal de represión". La diputada Ivonne Ruiz (PRI) concluyó que "México merece un sistema de inteligencia que proteja, no que silencie, que rinda cuentas, no que se oculte, y que esté al servicio del pueblo, no del poder".

La aprobación de esta ley genera un amplio debate sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y la protección de los derechos y libertades individuales en México.