- El Congreso estatal reformó la Ley de Encierros y Depósitos de Vehículos para exigir profesionalización permanente a concesionarios del servicio, alineando la norma con estándares federales de seguridad.
Oaxaca (EA) — El Congreso del Estado de Oaxaca aprobó con 31 votos a favor una reforma legal que obliga a los concesionarios del servicio de grúas a capacitarse y profesionalizarse de forma permanente. La medida busca garantizar un servicio más seguro, eficiente y regulado para la ciudadanía.
Con 31 votos a favor, la LXV Legislatura avaló modificar la Ley de Encierros y Depósitos de Vehículos, a propuesta de la diputada Haydee Irma Reyes Soto, del grupo parlamentario de Morena. El dictamen fue elaborado por las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Protección Civil, y de Fortalecimiento y Asuntos Municipales.
El objetivo principal de la reforma es corregir deficiencias detectadas en el sistema de arrastre vehicular, como la falta de capacitación de operadores, deficiencias en el mantenimiento de las unidades y la proliferación de servicios informales sin control técnico, administrativo ni fiscal.
“La capacitación continua y el mantenimiento adecuado de las grúas contribuyen a reducir accidentes y riesgos operativos, al tiempo que garantizan el respeto a los derechos de los usuarios”, establece el dictamen aprobado.
La legislación ahora se alinea con dos Normas Oficiales Mexicanas: la NOM-006-STPS-2023, sobre condiciones de seguridad en el manejo de maquinaria, y la NOM-053-SCT-2-2010, que regula las características técnicas de las grúas.
Estas normas federales establecen lineamientos obligatorios para el funcionamiento seguro del equipo y la actuación profesional del personal. Su integración refuerza el compromiso estatal con la seguridad vial y patrimonial.
La reforma se concretó mediante la modificación a la fracción XI del artículo 42 de la ley, así como la adición de una nueva fracción XII, que obliga a los concesionarios a cumplir con los estándares mencionados.
Según los legisladores, la medida también busca fomentar una competencia comercial justa, combatir la corrupción y profesionalizar un sector que ha operado por años con poca regulación efectiva.