* Municipio discrimina a mujere sexoservidoras

Lilia TORRENTERA G.

Oaxaca.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió diversos asuntos relacionados con las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025, entre ellos, los cobros y mutas excesivas que aplica el Municipio de Oaxaca de Juárez, que preside Raymundo Chagoya Villanueva, y especialmente por actos de discriminación hacia mujeres sexoservidoras al negarles el servicio de  salud sino tienen “establecimiento”,

En la sesión de este lunes, el pleno de la SCJN el pleno coincidió en reafirmar de manera categórica que toda contribución debe ajustarse a los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad, equidad tributaria, igualdad y no discriminación.

Las resoluciones se enfocaron en esquemas de cobro y sanciones que resultaban arbitrarios o desproporcionados, con una particular incidencia en el estado de Oaxaca.

En el caso del Municipio de Oaxaca, la Corte eliminó múltiples disposiciones que vulneraban los derechos de la ciudadanía, entre ellos los cobros por servicios de búsqueda, reproducción de información y copias certificadas no vinculadas al acceso público, al considerarse desproporcionados y carentes de criterios objetivos.

En la misma línea, se anularon multas  que sancionaban la realización de actividades sociales en espacios públicos o eventos en bibliotecas sin autorización, restricción que vulnera el derecho a la libre circulación.

En un caso emblemático, tras la lectura del proyecto del magistrado Irving Espinosa Betanzos, se declaró inconstitucional la tarifa diferenciada prevista en la Ley de Ingresos de Oaxaca de Juárez para personas trabajadoras sexuales que solicitan la misma consulta médica, dependiendo del lugar donde ejercen su actividad, concluyendo que el trato desigual por un mismo servicio de salud vulnera los derechos a la igualdad y no discriminación.

La Suprema Corte concluyó sus resoluciones exhortando enérgicamente a los Congresos estatales y ayuntamientos a nivel nacional a evitar la reproducción de disposiciones con los mismos vicios de inconstitucionalidad y a asegurar que todos sus esquemas de cobro, multas y servicios respeten plenamente el marco constitucional.