Oaxaca.-En 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una reforma para eliminar los fideicomisos irregulares del Poder Judicial, la cual fue aprobada por el Poder Legislativo.

 

Sin embargo, la extinción de los fideicomisos fue detenida por suspensiones definitivas y juicios de amparo promovidos por jueces federales, lo que mantuvo los recursos inmovilizados durante más de un año.

 

El conflicto se resolvió tras la publicación de la reforma constitucional en materia judicial el 15 de septiembre de 2024, que obligó a los juzgadores a aplicar el principio de “supremacía constitucional” y revocar las suspensiones que impedían la extinción de los fideicomisos.

 

Al 31 de marzo de 2025, el saldo total de los cinco fideicomisos constituidos en Nacional Financiera (Nafin) ascendía a 6,652,477,069.66 pesos, cifra que incluye rendimientos financieros generados en el periodo en que estuvieron inmovilizados; los únicos egresos fueron por honorarios fiduciarios.

 

En diciembre de 2024, la SCJN ya había transferido a la Tesofe los recursos de un sexto fideicomiso, pero la liquidación de los otros cinco se pospuso hasta que los juzgados federales levantaron las suspensiones en marzo de 2025.

 

El 2 de abril de 2025, Nafin informó a la Corte que la liquidación de los cinco fideicomisos restantes había concluido y los recursos fueron transferidos a la Tesorería.

 

 

 

 

 

 

 

La transferencia de estos recursos ocurre tras un largo proceso legal y político, y representa un hito en la transformación judicial impulsada por el gobierno federal actual.

 

Los fondos transferidos serán concentrados como “aprovechamientos” en la Tesorería de la Federación, para su uso conforme a las prioridades del gobierno federal.