Familia presenta en la FGR, denuncia por descarrilamiento de tren

Ciudad de México.- Lo que debió ser un viaje de esperanza para la familia Iglesias López, misioneros originarios de Ciudad Juárez, se transformó en un violento despertar al fondo de un barranco el pasado 28 de diciembre.

Juan Manuel Iglesias López, su esposa Flor del Carmen Temich y su hijo Alexis, sobrevivientes del vagón que cayó al vacío durante el descarrilamiento del Tren Interoceánico, han decidido trasladar su dolor del hospital a los tribunales.

A través de sus representantes legales, la familia ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, buscando que el estruendo del accidente no sea silenciado por el olvido institucional.

La batalla jurídica emprendida por los misioneros no solo se limita a la reparación por las lesiones físicas sufridas, sino que apunta directamente al corazón de la gestión pública y privada del proyecto ferroviario.

La querella solicita una investigación profunda por delitos de abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones, señalando una cadena de omisiones que comienza en los despachos de supervisión gubernamental y termina en las empresas contratistas.

Para Juan Manuel, quien se comunicó vía telefónica durante el anuncio de la demanda, el apoyo económico ofrecido por el gobierno federal es insuficiente frente a la realidad de familias que, a diferencia de la suya, no pudieron volver a casa para celebrar las festividades.

La defensa legal, encabezada por el abogado Adrián Arellano, sostiene que el siniestro es la consecuencia lógica de una falta de supervisión en la construcción y rehabilitación de la vía.

La acusación pone bajo la lupa a empresas como COMSA Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools, las cuales ya han sido objeto de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación debido a la alarmante falta de evidencias sobre los trabajos que supuestamente realizaron. Este vacío documental sugiere que se pagaron servicios nunca ejecutados, una negligencia que, según la denuncia, derivó en la inestabilidad de la infraestructura que finalmente colapsó.

El objetivo de esta acción legal es llegar hasta las últimas consecuencias y deslindar responsabilidades entre los funcionarios que permitieron la operación del tren sin las garantías de seguridad necesarias.

Al señalar que la Auditoría Superior es clara sobre la inexistencia de pruebas de los trabajos contratados, los abogados argumentan que el abuso de autoridad se configura al ignorar estas alertas y poner en riesgo la vida de los pasajeros.

Para la familia Iglesias, este proceso representa la única vía para esclarecer los hechos y asegurar que el castigo alcance a quienes, por omisión o negligencia, convirtieron un trayecto ferroviario en una tragedia que hoy mantiene a diversas familias enlutadas.