Oaxaca.- Con el objetivo de transformar las contrataciones públicas en una herramienta estratégica de desarrollo económico, justicia social y equidad de género, la diputada Irma Pineda Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto para establecer que las dependencias y entidades de la administración pública estatal incorporen criterios de inclusión económica que promuevan y den prioridad a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), sociedades cooperativas, organismos del sector social de la economía y, de manera particular, a aquellos proyectos productivos dirigidos o integrados mayoritariamente por mujeres y grupos de atención prioritaria.
El planteamiento, que modifica los artículos 9, 11, 28 y 30 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado, contempla que el Padrón de Proveedores incorpore un registro específico para identificar a estas empresas y cooperativas. De igual manera, establece el deber normativo de privilegiar las adquisiciones directas con productores locales, asegurando condiciones de participación equitativa y transparente que combatan la concentración de contratos.
Al respecto, la legisladora expuso que el gasto público no debe limitarse a una simple función administrativa de eficiencia o de mínima inversión material. Por el contrario, argumentó que las compras gubernamentales constituyen una poderosa palanca de política económica capaz de incidir en la estructura productiva formal e interna del estado, dinamizando el mercado regional y reduciendo las brechas estructurales que históricamente han marginado a diversos sectores vulnerables y comunitarios.
Señaló que, en una entidad como Oaxaca, donde la riqueza cultural y los ecosistemas productivos, tales como las artesanías, el turismo comunitario y la producción agroalimentaria, son sostenidos mayoritariamente por mujeres y organizaciones solidarias, esta iniciativa pretende ser un avance hacia el cumplimiento del principio constitucional de igualdad sustantiva.
Pineda Santiago recordó que este enfoque de contratación estratégica con perspectiva de género es respaldado por organismos internacionales como ONU Mujeres, el Banco Mundial (BM) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para fortalecer la autonomía económica de las mujeres.
La iniciativa fue presentada en Sesión Ordinaria del Congreso del Estado del 17 de marzo de 2026 y fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión Permanente de Administración Pública.
