Lilia TORRENTERA G.

Oaxaca.- En un intento definitivo por desmantelar las redes de extorsión y coerción que históricamente han asfixiado a los trabajadores del sector informal y del transporte, el Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado de Oaxaca anunció el despliegue de una estrategia jurídica y de investigación penal de carácter inmediato a partir de un Registro Estatal de Sindicatos y Asociaciones Civiles

El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, fue enfático al declarar que la administración estatal aplicará una política de tolerancia cero frente a sindicatos, grupos sociales y organizaciones que operan fuera de la legalidad, garantizando de manera irrestricta la libertad de asociación consagrada en los artículos 9 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El  funcionario señaló que  se pretende abatir la obligación de afiliarse a alguna asociación o supuesto sindicato bajo amenazas y violencia física queda estrictamente a quienes  se dedican al comercio establecido, en tianguis, mercados, transporte de pasajeros o carga, incluso a diableros cualquier operador de taxi, transportista de carga, comerciante ambulante o "diablero".

En conferencia de prensa  anunció que como primera medida para ir conformando el Registro estatal, se  contempla una exhaustiva revisión del estatus legal de todas las agrupaciones gremiales con presencia en el territorio estatal, concentrándose en las ramas de la construcción, el transporte y el comercio.

A partir de esta semana, las dependencias correspondientes verificarán minuciosamente las actas constitutivas, las tomas de nota y los registros vigentes ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, así como el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Aunque el padrón oficial del estado reconoce únicamente un catálogo de 68 sindicatos plenamente consolidados y regulados, la autoridad advirtió la existencia de múltiples membretes y organizaciones apócrifas que carecen de registro legal y operan bajo esquemas de absoluta informalidad y chantaje social.

El encargado de la política interna de la entidad reconoció que, si bien se ha logrado consolidar un periodo de estabilidad laboral e intersindical en el desarrollo de las grandes obras de infraestructura y de la iniciativa privada —revirtiendo las sangrientas disputas por contratos colectivos que caracterizaron a los sexenios pasados—, la verdadera urgencia radica ahora en proteger el ingreso de los sectores más vulnerables de la economía oaxaqueña.

Para materializar este blindaje social, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana habilitará una ventanilla especial de denuncia confidencial, acompañada por el despliegue de agrupaciones policiales en puntos críticos de abasto y comercio, como la Central de Abasto de la capital y los tianguis tradicionales, con la consigna de detener en flagrancia y procesar penalmente cualquier conducta ligada a la extorsión, las amenazas o el cobro indebido de piso.