Lilia TORRENTERA G.

Oaxaca.- En una sentida intervención, la diputada Irma Santiago Pineda hizo un llamado urgente para transformar el doloroso panorama que enfrentan las familias de personas desaparecidas en Oaxaca, quienes además de la tragedia de la ausencia, deben sortear un lastimoso mundo burocrático de las instancias gubernamentales, ante esta circunstancia adversa, su propuesta de urgente resolución fue aprobada en el plano del Congreso local

La legisladora enfatizó que solo quienes han vivido la desesperación de reportar una desaparición comprenden las barreras institucionales que las autoridades imponen antes de oficializar el estatus de un ser querido, por lo que su propuesta busca suavizar y mejorar el camino legal para los representantes y familiares al solicitar la declaratoria de personas desaparecidas y no localizadas.

La diputada señaló que el actual artículo 15 de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado, aunque es una réplica del procedimiento federal, ha resultado inoperante en la práctica local.

Según testimonios de diversos colectivos de buscadores, el personal de los Juzgados de Primera Instancia, incluyendo a sus titulares, frecuentemente obstaculiza el inicio de los procedimientos o incurre en la revictimización de los desaparecidos.

Ante este escenario, Santiago Pineda recordó que, bajo el artículo 1º constitucional, todas las autoridades tienen la obligación ineludible de promover y garantizar los derechos humanos, algo que se ve vulnerado por procedimientos excesivamente lentos, requisitos probatorios innecesarios y la falta de coordinación entre las instancias oficiales.

La problemática se agrava por la disparidad de criterios entre los distintos juzgados, lo que obliga a las familias a realizar trámites reiterativos y presentar documentación que ya existe en los expedientes de investigación, extendiendo los procesos judiciales durante años.

Para revertir esta situación, la legisladora propone una reforma profunda que privilegie el principio de celeridad procesal, eliminando formalidades excesivas y estableciendo un reconocimiento automático de la información oficial para evitar que la carga administrativa recaiga sobre las víctimas indirectas.

Más allá de la reforma legislativa, la diputada solicitó el respaldo de  su compañeros y compañeros  de la LXVI para aprobar un punto de acuerdo que exhorte a la Comisión Estatal de Búsqueda, a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y al Poder Judicial del Estado a coordinar una actualización de criterios bajo una perspectiva de derechos humanos.

El objetivo central es lograr una sensibilización profunda en los juzgados de primera instancia, garantizando que el procedimiento de declaratoria de ausencia se realice en un marco de respeto absoluto, eliminando las dilaciones procesales que hoy constituyen una forma más de violencia contra los familiares que buscan justicia.