Oaxaca.- En un golpe directo a las estructuras de corrupción que históricamente han lucrado con la necesidad de empleo de las familias oaxaqueñas, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (FEMCCO), en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigaciones, detuvo a un servidor público identificado con las iniciales J.M.L.  imputado por el presunto  del delito de Tráfico de Plazas y Servicios dentro del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), un ilícito que las autoridades investigan como parte de una red de fraudes recurrentes que abusan de la fe pública y de la investidura gubernamental para obtener beneficios económicos ilícitos.

Las indagatorias ministeriales señalan que el modus operandi de J.M.L. se desarrolló de manera sistemática entre octubre y noviembre de 2024, aprovechando su posición dentro del aparato estatal desde donde ofertaba espacios de carácter administrativo en diversas instituciones educativas de la entidad, asegurando a sus víctimas tener la influencia y la capacidad técnica necesarias para gestionar y otorgar dichos nombramientos al margen de los canales oficiales.

Aunque el expediente de la causa penal mantiene bajo reserva el monto de lo defraudado y el número total de víctimas para no entorpecer el proceso judicial, la solidez de las pruebas aportadas por la Fiscalía Anticorrupción fue suficiente para que un juez de control librara la orden de aprehensión que hoy mantiene al exservidor público a disposición de las autoridades para definir su situación jurídica.

La gravedad del caso radica en la condición de servidor público del detenido, un factor que el Código Penal del Estado de Oaxaca castiga con severidad extrema.

De acuerdo con el artículo 240 Ter de la legislación local, el delito de Tráfico de Plazas y Servicios contempla una pena base de tres a siete años de prisión para cualquier particular que obtenga un lucro prometiendo de forma falsa un empleo en el gobierno.

Sin embargo, al tratarse de un funcionario en activo, la ley prevé que la sanción se incremente de inmediato en una mitad, lo que podría mantener a J.M.L. hasta diez años y medio tras las rejas, además de conllevar la destitución inmediata de su encargo y una inhabilitación definitiva para volver a laborar en la administración pública por un tiempo equivalente al de la condena.