Lilia TORRENTERA G.

Oaxaca.- Por un caso que  devela la actitud inhumana de algunos que ejercen la docencia, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), ofreció una disculpa pública a una madre y padre de familia por el fallecimiento de su hijo de cinco años ocurrido en 2017 al lesionarse en el interior de una escuela, asumiendo así, la responsabilidad institucional que correspondía realizar al Gobierno de Alejandro Murat por la omisión de directivos y docentes  al no auxiliar al menor de edad.

En un comunicado, el Gobierno estatal, informó que esta disculpa se realizó, en la Escuela Primaria Bilingüe “20 de Noviembre”, ubicada en localidad de Laguna de Guadalupe, municipio de Putla Villa de Guerrero, para  cumplir la Recomendación 14/2024 de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

Aunque en el comunicado no se menciona a detalle los motivos de dicha recomendación, Ciudadanía Express investigó que la DDHPO  etiquetó  el caso "por violaciones a los derechos humanos a la niñez y a la vida, por actos y omisiones de servidores públicos del IEEPO".

El origen de la tragedia: negligencia y versiones contradictorias

Los hechos que derivaron esta disculpa  en la administración de Salomón Jara,  se basan en la queja interpuesta ante la DDHPO en la que se señala  que 5 de septiembre de 2017,  el menor fue enviado  a su casa por directivos de la escuela, a pesar de encontrarse en un estado grave de salud.

El personal docente y directivo de aquel entonces exhibió una falta absoluta de ética y deber de cuidado: luego que el menor sufriera un impacto que le provocó fractura craneal y sangrado interno al estar  dentro del plantel, y quienes  se limitaron a enviarlo a su domicilio con una prima  porque "no dejaba de llorar y le dolía la cabeza".

La negligencia se evidenció cuando el personal escolar intentó encubrir los hechos proporcionando versiones contradictorias a los padres, alegando desde enredos accidentales con cuerdas hasta caídas inexplicables con un suéter, además de negarse sistemáticamente a colaborar con la familia o rendir informes claros sobre lo ocurrido en el aula.

Luego de tres meses de agonía, desde su traslado de emergencia a la capital por vía aerea para ser ingresado primero, en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso y después en el Hospital Presidente Juárez del ISSSTE por la gravedad de sus heridas, el menor falleció el 5 de diciembre de ese mismo año. 

Para resarcir  la afectación a la familia, en el comunicado oficial, se detalla que  el actual director del IEEPO, Emilio Montero Pérez,  emitió la disculpa pública  en la escuela donde estudió el menor  señalando que la instrucción del Gobernador Salomón Jara Cruz es garantizar la protección total de las infancias y hacer cumplir la ley sin excepciones.

El boletín indica  que durante la ceremonia solemne frente a la familia de la víctima, el funcionario expresó:

“Lamentamos profundamente los hechos sucedidos y derivados, en su momento, de la irresponsabilidad de quienes tienen el alto deber de proteger a la niñez oaxaqueña; la sensibilidad y la inteligencia tienen que ser las brújulas que orienten la labor de la autoridad educativa”.

En la imagenes adjuntas al boletín, se visualiza la ceremonia en la escuela con docentes así como funcionarios del IEEPO y en donde  estudiantes de diferentes edades, lanzan  globos blanco en memoria del menor fallecido hace nueve años.

Este reconocimiento de responsabilidad  es un acto de justicia  y que no solo es para reparar moralmente el daño a la familia, sino que establece un precedente para que en el actual sexenio no se permita tolerancia a la negligencia directiva o docente, pese a que  no se  sabe  si estos profesores continúan impartiendo clases en el centro educativo donde se lesionó el menor o  si al amparo de la Sección 22, solo fueron removidos  a otro centro escolar. 

Cabe señalar que la violación del derecho de las y las niñas en Oaxaca, especialmente en  las comunidades originarias, según  las denuncias de colectivos, son una constante en las escuelas, y las cuales quedan en impunidad como fue este caso en la región triqui, ya que hasta el momento no se ha informado sí en ese entonces  la ahora Fiscalia General,  abrió una carpeta de investigación contra directivos y docentes para determinar si hubo o no, un probable delito de homicidio culposo por omisión