Oscar VALDIVIESO

Oaxaca.- Tras una angustiosa espera de cinco meses,  la dolorosa incertidumbre para una familia de la Mixteca oaxaqueña ha terminado con un desenlace trágico que evidencia los graves riesgos de seguridad a los que se exponen los jóvenes profesionistas del país.

El miércoles 1 de julio, fueron formalmente identificados en el Centro Médico Forense Federal los restos del ingeniero civil oaxaqueño Pablo Osorio Sánchez, de 26 años de edad, quien permanecía desaparecido en el estado de Sinaloa y cuyo cuerpo fue localizado en una fosa clandestina.

El joven profesionista, egresado con honores del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, había sido enviado en junio del 2025 a realizar su residencia y posterior labor como supervisor de túneles por parte de la empresa constructora CICAR S.A. de C.V., con sede en el estado de Puebla.

Pablo Osorio desempeñaba sus funciones técnicas en el tramo comprendido del kilómetro 161 al 188 de la autopista Durango-Mazatlán, dentro del municipio de La Concordia, Sinaloa, una franja serrana ubicada a escasos 40 minutos de la zona portuaria de Mazatlán.

La última vez que se tuvo registro de su paradero fue el pasado 23 de enero de  2026 alrededor de las 7:30 horas, cuando se encontraba en la parada de autobuses de la carretera Villa Unión-Durango, en La Concordia, momento en el que fue privado ilegalmente de la libertad de manera simultánea junto a otras 10 personas en un operativo delictivo.

La señora Socorro Osorio Sánchez, madre de la víctima, logró realizar la identificación forense positiva gracias a señas particulares de su hijo, permitiendo el reclamo legal del cuerpo para iniciar el penoso traslado administrativo de regreso a Oaxaca, donde será velado el próximo 4 de julio  a partir en la comunidad del Ejido Ojo de Agua, perteneciente a Tlaxiaco.

Ante la gravedad del suceso, los abogados de la organización civil Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), quienes acompañan legalmente a la familia, han emitido una enérgica exigencia para que las fiscalías local y federal realicen una investigación exhaustiva, transparente y con peritajes independientes.

Asimismo, demandaron castigo severo para los autores intelectuales y materiales de la red de fosas clandestinas ubicadas en la localidad de El Verde, en La Concordia, un paraje que ha desnudado la impunidad criminal en esa demarcación del pacífico mexicano.

Finalmente, la representación civil instó al Estado mexicano a cumplir de forma eficaz y oportuna las acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los activistas recalcaron la urgencia de estructurar políticas reales de prevención que protejan a las y los jóvenes egresados que son destinados por empresas privadas a laborar en zonas de alto impacto delictivo, asegurando que su deseo de superación profesional no vuelva a transformarse en una sentencia de muerte y desamparo estatal.