Copelia Mallé

Oaxaca.- La muerte de la enfermera Areli Saraí Martínez Domínguez y de su pequeña hija Evolet Yareli, ocurrida el pasado primero de mayo en la agencia de San Martín Mexicapam, en la capital oaxaqueña, ha dejado de ser tratada bajo la narrativa oficial del suicidio para convertirse en una cruda denuncia de feminicidio bajo las agravantes de  violencia institucional, laboral y de género del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Este miércoles, 3 de junio de 2026, los padres y la hermana de la joven licenciada en enfermería en conferencia de prensa exigieron que el IMSS, encabezado por su director general Zoé Robledo, asuma su responsabilidad directa en el acelerado deterioro de la salud mental de la trabajadora, en la omisión sistemática para atender sus padecimientos clínicos y en el despido injustificado que antecedió y detonó su trágica muerte.

Acompañada por la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, la familia de Areli Saraí expuso que su caso representa la dolorosa realidad de miles de trabajadores de la salud que sostienen el sistema público a costa de su propia integridad.

Saraí, graduada de la Universidad de la Sierra Sur, fue descrita como una profesional con una vocación inquebrantable y una madre independiente  que sacrificó el cuidado de su propia hija de entonces tres años para integrarse a la primera línea de batalla durante la peor fase de la pandemia de Covid-19 en el año 2021, tras ser trasladada del hospital de Santa Cruz Huatulco al Hospital General de Zona número uno, el doctor Demetrio Mayoral Pardo, en la ciudad de Oaxaca.

Allí, se señaló,  la enfermera  enfrentó  las duras jornadas laborales que se imponen en el IMSS con guardias nocturnas extenuantes, el estrés diario de no contar con  insumos médicos básicos que se agudiza con  ambiente laboral hostil marcado por el maltrato hacia el personal y los pacientes.

En la rueda con medios , se explicó que este l desgaste físico y emocional acumulado durante años de servicio ininterrumpido derivó en diagnósticos clínicos severos de ansiedad, depresión, distimia y síndrome de Burnout o desgaste profesional crónico, padecimientos que fueron plenamente identificados y diagnosticados por el propio personal médico del IMSS.

Sin embargo, en lugar de recibir el acompañamiento terapéutico y las facilidades laborales que su condición requería, la respuesta del instituto fue de una fría indiferencia administrativa.

Se informó que fue el 17 de marzo de 2026, el IMSS notificó el despido de Saraí, una rescisión laboral que fue ratificada de manera definitiva durante una audiencia conciliatoria el 30 de abril.

Tan solo veinticuatro horas después de quedarse sin sustento y sin el respaldo de la institución a la que entregó sus mejores años, ocurrió el fatal desenlace que hoy mantiene de luto a su familia.

Ante la gravedad de los hechos, Yésica Sánchez Maya, integrante de la dirección colegiada de Consorcio Oaxaca, fue categórica al señalar que la responsabilidad del Estado y del IMSS no expira con el fallecimiento de la enfermera y de su hija de nueve años.

La activista exigió que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca investigue el caso bajo el protocolo de doble feminicidio, argumentando que el acoso laboral, la desprotección del sindicato que debió defenderla y la posterior rescisión de su contrato constituyen una cadena de violencia institucional que empujó a la víctima al límite.

La familia concluyó la protesta con un enérgico llamado a revisar los esquemas de salud mental para quienes cuidan a la población, demandando verdad, justicia y garantías de no repetición para que el uniforme blanco de la enfermería oaxaqueña deje de ser sinónimo de sacrificio absoluto y desamparo estatal.