Oaxaca.- Un desenlace trágico y profundamente indignante ha sacudido de nueva cuenta al periodismo mexicano. Tras permanecer desaparecida por más de 25 días, la Secretaría de Marina (Semar) y las fuerzas de seguridad del estado de Veracruz confirmaron este viernes el hallazgo sin vida de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal de noticias Pulso Informativo del Sureste.

El anuncio coincidió con un operativo de inteligencia naval que derivó en la captura de José “N”, alias Delta 7, señalado por las fiscalías local y federal como uno de los presuntos autores materiales de la privación de la libertad de la comunicadora.

El despliegue federal que condujo a la detención del implicado se ejecutó en las inmediaciones de un rancho localizado en el municipio de Ixhuatlán del Sureste, a una distancia aproximada de 20 kilómetros del punto donde se perpetró el secuestro.

Tras ser capturado por las fuerzas del orden, el sospechoso aportó información de carácter ministerial que obligó a las autoridades a modificar el protocolo de búsqueda, conduciéndolas directamente al paraje donde se localizaba el cuerpo de la víctima.

El área permanece bajo un estricto resguardo por parte de elementos militares y de la Policía Estatal en espera del procesamiento forense definitivo.

La cronología de este crimen expone de forma cruda las fallas y dilaciones del aparato de justicia. Roxana Guzmán fue violentamente sustraída de su domicilio en el municipio de Nanchital, Veracruz, el pasado 2 de junio de este año, un suceso que quedó registrado en una grabación de seguridad donde se observa a sujetos encapuchados y fuertemente armados derribar la puerta principal frente a su familia.

Ante la inoperancia y falta de resultados de la fiscalía local, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió ejercer su facultad de atracción después del rapto, turnando la carpeta a la Fiscalía Especial de Atención a los Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

A pesar del cambio de jurisdicción y de la intervención federal, el gremio periodístico de la región de Coatzacoalcos y los familiares de la directora del portal de noticias externaron reiteradamente su rechazo a lo que consideraron una respuesta burocrática y desarticulada, denunciando que las primeras horas de la investigación —cruciales para localizar a Roxana con vida— se perdieron en formalismos administrativos.

En tanto, la Fiscal de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, precisó que, a pesar de la atracción federal, las instancias ministeriales del estado continúan recabando indicios sobre el entorno social de la periodista para robustecer la indagatoria.

Indicó que también han sido detenido cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste por su presunta participación en el secuestro de la periodista.

El caso de Roxana Guzmán Ramírez se inscribe ahora en la dolorosa estadística de feminicidios y atentados contra la libertad de prensa en el país, reabriendo el debate sobre el verdadero alcance de los mecanismos de protección para comunicadores.

Las agrupaciones civiles de la región recordaron que el pasado 8 de junio ya se había realizado una serie de detenciones en la zona urbana de Nanchital que resultaron fallidas, pues los sospechosos fueron puestos en libertad por inconsistencias procesales.

Hoy, ante el hallazgo del cuerpo, los comunicadores de la zona sur de Veracruz exigen que la captura de alias Delta 7 sea el inicio de un proceso judicial riguroso que alcance también a los autores intelectuales del homicidio y que detenga la impunidad sistemática que asfixia a la prensa regional.