Oscar VALDIVIESO

Chila de las Flores.- En un pronunciamiento conjunto que marca un hito en la resistencia regional, autoridades municipales, agrarias y comunitarias de Oaxaca y Puebla formalizaron un rechazo absoluto a la actividad minera en sus territorios.

Reunidos en el Quinto Foro Informativo por la Defensa del Agua, el Territorio y la Vida, los pueblos declararon que la riqueza natural y cultural heredada de sus ancestros no es una mercancía, sino la base fundamental de su identidad y futuro, denunciando que los proyectos extractivos representan una amenaza directa a la salud, la tierra y la continuidad de sus comunidades.

La postura de las asambleas vincula la defensa del territorio con la paz mundial, señalando que la extracción de minerales como la plata y las tierras raras alimenta directamente la industria armamentística y los conflictos bélicos globales.

Bajo esta premisa, las comunidades manifestaron que su lucha contra el despojo es también una lucha contra la guerra, criticando duramente el intervencionismo y la ambición geopolítica de las potencias mundiales que buscan apropiarse de bienes comunes como el petróleo, el agua y los minerales sin considerar las afectaciones humanas y ambientales.

Durante el encuentro, se celebraron los logros de organizaciones como el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, así como las victorias legales en Ixtacamaxtitlán y la Mixteca, donde la unión del pueblo ha logrado detener proyectos mineros.

En este contexto, el municipio de Chila de las Flores se sumó oficialmente a la resistencia, declarando su territorio como zona prohibida para cualquier actividad extractiva.

Los participantes hicieron un llamado urgente a las autoridades comunales y ejidales para que no vendan la tierra, advirtiendo que la propiedad comunal es el último baluarte contra el avance de las empresas interesadas en el litio, oro y materiales pétreos.

El foro también sirvió para visibilizar la lucha de las mujeres defensoras, reconociendo su papel crucial en la construcción del tejido social y exigiendo justicia por aquellas que han sido asesinadas en el cumplimiento de su labor.

Al mismo tiempo, se denunció la persistencia de las políticas extractivistas del Gobierno Federal y las acciones del Servicio Geológico Mexicano, a quienes acusaron de incursionar en las comunidades sin consentimiento mediante el uso de drones y aeronaves para el reconocimiento del terreno y la alteración de los ciclos pluviales.

Finalmente, el pronunciamiento cerró con una exigencia de justicia por los defensores caídos y desaparecidos, mencionando casos emblemáticos como los de Samir Flores, Bety Cariño y los desaparecidos de San Esteban Atatlahuca.

Las comunidades reafirmaron que sus territorios no están en venta ni disponibles para la minería, comprometiéndose a fortalecer una red amplia de resistencia en la Mixteca y a nivel nacional para responder con movilización y solidaridad colectiva ante cualquier intento de imposición o saqueo por parte del Estado o corporaciones privadas.